Sigue la polémica entre el alcalde William Dau Chamatt y el procurador General, Fernando Carrillo, en torno a las decisiones para solucionar el caso del edificio Aquarela.
Tras las declaraciones públicas en donde el procurador General señaló a medios de comunicación que le ordenó al alcalde William Dau demoler la torre 1 de este proyecto habitacional, que afecta el entorno del Castillo San Felipe, el equipo del burgomaestre se pronunció, indicando que no recibieron tal orden y puntualizando “que una orden de demolición verbal dada ante los medios de comunicación no tiene fuerza jurídica”.
Carrillo se refiere al oficio que le envió al alcalde hace varias semanas, en el que recuerda que se hizo una reunión con representantes del Ministerio Público y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde se advirtió que un informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) indica que la torre Aquarela tiene problemas y que incumple varias normas urbanísticas, y que representa un riesgo latente.
“Cabe reiterar en forma comedida que las conclusiones del estudio de la SCI resultan altamente preocupantes y son muy contundentes en cuanto al grave riesgo que para la seguridad ciudadana tiene la existencia de esta edificación, y por ello la necesidad de adoptar medidas urgentes, toda vez que, ante el estado de cosas actual, esta construcción también pone en riesgo la seguridad y la vida de los habitantes de Cartagena”, indica el procurador en el oficio.
Sin embargo, Dau indicó hace pocos días que si el procurador quería que él ordenara demoler el Aquarela, primero el jefe del Ministerio Público debía hacer lo suyo y lograr que las personas y funcionarios comprometidos en este caso respondieran ante la justicia.
Todo esto desembocó ayer en una polémica, cuando el alcalde William Dau fue entrevistado en la emisora W Radio. El periodista Julio Sánchez Cristo entrevistó al alcalde por teléfono y le indicó que con esa actitud incitaba a la desobediencia social, pues lo que estaba haciendo era desacatar la orden de una autoridad nacional, advirtiendo además que ello podría tener repercusiones disciplinarias y terminar suspendido hasta por un año.
Dau alegó que su intención es tumbar la torre, pero que para ello deben surtirse primero procesos que están activos en juzgados y que debe actuar según lo indica la ley. Así mismo, en respuesta a lo indicado por el procurador, dijo que hay 6 acciones legales que obligan a la demolición del edificio, para sí proteger a los ciudadanos.
En tanto a esto, la Alcaldía indicó que no existen decisiones judiciales que ordenen al alcalde mayor de Cartagena demoler el edificio Aquarela.
“A la fecha cursan seis procesos (entre judiciales y administrativos), en torno a la situación del edificio Aquarela, dentro de los cuales únicamente está en firme la decisión de la Inspección de Policía proferida dentro de un proceso policivo, cuya orden es la recuperación y restitución del espacio público indebidamente ocupado, lo que no implica per se la demolición de la estructura. Las demás acciones legales a las que se refiere el Ministerio Público no han concluido, por tanto no hay una orden judicial de demolición. El documento técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, afirma que la edificación no cumple con normas técnicas, más no concluye que se debe proceder a demoler la estructura, y tampoco indica que exista un riesgo inminente para la ciudadanía, estudio que además debe ser considerado por las autoridades competentes dentro de un proceso.
“La administración de William Dau actúa en cumplimiento del mandato constitucional, sin evadir las decisiones que le correspondan, pero para ello debe tener la seguridad jurídica de que las ordenes provienen de una autoridad competente, dentro de un proceso ejecutoriado y en firme, momento en el cual no dudará en hacerla cumplir, sin embargo, en su servicio por la ciudad de Cartagena, y abanderado de la defensa de lo público, no puede incurrir en ligerezas que comprometan la responsabilidad de la administración distrital”, explicó el Distrito.
Sin embargos, un jurista experto en este tipo de temas, consultado por este medio, indica que a lo que se refiere el procurador en el oficio es a que William Dau debe cumplir con la orden policiva.
“No le está dando una directa orden de demoler, le está diciendo que cumpla con la orden policiva.
Hay un proceso policivo y otro proceso popular. En el policivo ya no cabe ningún recursos, está confirmado en primera y segunda instancia. Esa es la decisión que ordena la demolición parcial del inmueble para ocupar varios metros de espacio público que ocupó de manera irregular. Hay una acción popular que ordena la suspensión de obra, pero ahí no hay decisión sino una medida cautelar. Esta orden del juzgado puede ser que demuela o no, y aún no hay siquiera una decisión de primera instancia; este proceso puede demorar entre uno y dos años”, indicó una fuente.
El jurista señaló que la situación que Dau debe resolver está en que la orden policiva ordena restituir el espacio público, una demolición parcial, pero debido a situaciones estructurales esto no se podría y habría que demoler el edificio por completo.
“Esta situación se debió discutir en el proceso policivo y no lo hicieron, y es cómo cumplir la orden de demolición. El Ministerio de Cultura consultó con la SCI y le dijeron que ese edificio hay que demolerlo, yendo mas allá, pero eso es inocuo porque está fuera de los procesos. Quizás lo podrían aportar a la acción popular, pero eso lo tiene que valorar el juez y volver a pedir concepto técnico de un perito. Hace más de un año está la orden policiva y no se ha cumplido y eso es lo que está pidiendo que se cumpla el procurador (...) La administración no sabe cómo hacer la demolición y ese es el camino que debe encontrar, debe contratar su propio estudio y tomar una decisión. El procurador también se está excediendo, pero está coadyuvando a que se cumpla la orden policiva; él no puede sancionar al alcalde por el estudio que él está haciendo”, indicó el abogado.
Este señala que la orden policiva debe cumplirla y que, de no hacerlo, Dau se expondría a una sanción disciplinaria. Ese será el dilema que deberá resolver ahora el alcalde de Cartagena ahora: cómo hacer cumplir una orden de demolición parcial de una obra para recuperar un espacio público ocupado ilegalmente, cuando varios conceptos han dejado ver que el edificio no aguantaría un proceso del tal magnitud por su misma condición estructural.
En la entrevista en la W Radio, Julio Sánchez Cristo le indicó a Dau que sus consultas le dejaban ver que se podría exponer a una suspensión de un año si no cumplía el llamado del procurador General.
Fuentes consultadas por este medio indican que esto puede ser así, pues podría ser una posibilidad si no cumple la petición, teniendo en cuenta que la Ley 734, en uno del puntos del artículo 34, indica que los funcionarios deben cumplir con las disposiciones de sus superiores, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución.
Así mismo, el artículo 35, prohíbe a los funcionarios “omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado”. Así mismo, otro de los puntos de este artículo prohíbe a los funcionarios proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos. Las fuentes consultadas indican que este tipo de faltas pueden configurarse como graves o gravísimas, que pueden acarrear desde suspensiones hasta destituciones o inhabilidades. Todo esto refiriéndose al proceso que puede enfrentar Dau si no acata la orden policiva dentro del proceso o las expresiones que ha lanzado contra el procurador General.
