Una garantía, definida por la Real Academia Española, es aquella cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. En Colombia, ante una democracia bastante débil, se estableció la Ley 996, más conocida como Ley de Garantías Electorales, para “evitar que el erario se utilice como caja menor de campañas políticas, mediante contratos públicos adjudicados a sus financistas”, explicó el politólogo Orlando Higuera Torres, docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
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“En el 2005 se aprobó la Ley de Garantías para promover un ejercicio equitativo y transparente de la democracia en épocas electorales. Preservando el equilibrio entre los actores de la contienda y la transparencia y neutralidad necesarias para que la voluntad popular se exprese sin obstrucciones de ningún tipo”, como indica el Departamento de Función Pública de Colombia.
Las próximos comicios al Congreso y la Presidencia de Colombia serán en 2022, por lo que la ley que prohibía la contratación en vísperas electorales con el Estado o convenios interadministrativos, con excepción de algunas figuras de contratación directa, comenzaba a regir desde el próximo 13 de noviembre, con relación a las elecciones parlamentarias en marzo del próximo año; sin embargo, el pasado martes el Congreso aprobó la suspensión de la ley.
Con 98 votos a favor y 39 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la suspensión del mecanismo de protección electoral reseñado en el artículo 125 del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022. El Senado de la República también aprobó esta suspensión.
La polémica no se hizo esperar y provocó reacciones negativas en la arena política colombiana. Gran parte de la opinión pública rechazó la iniciativa, aunque se suscribiera que los convenios y contratos estarán bajo el control especial de la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba.
“Es inconveniente cambiar las reglas de juego electorales antes de una elección, deberíamos tener un sistema de reglas establecidos, con anterioridad, que permita equidad y equilibrio entre los candidatos. Un cambio de esta envergadura no da confianza en la ciudadanía y en todos los partidos, y causa mucha suspicacia por el temor a que los recursos públicos se desvíen hacia las campañas”, señaló Higuera.
Para la Misión de Observación Electoral (MOE), aunque haya impactos en materia económica derivados de la pandemia, no se puede afectar la transparencia de las elecciones. “Se abre la puerta a la corrupción administrativa y la destinación irregular de recursos con fines proselitistas. Es una regla del 2005 y hasta el momento el Congreso no ha logrado aprobar o plantear una alternativa que responda a las demandas de contratación”, precisaron.
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Congresistas, precandidatos presidenciales y figuras políticas reaccionaron a la controversial decisión. El senador y precandidato presidencial Gustavo Petro expresó que “se alista un fraude masivo a partir de la compra de votos con el presupuesto público”. Por su parte, Rodrigo Lara manifestó: “El Gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El Gobierno será recordado por este hito infame”.
“Comparto plenamente lo dicho por Petro y Lara porque buena parte de la política la financian personas naturales y jurídicas que, coincidencialmente y exclusivamente, tienen como actividad económica contratar con el Estado, y buena parte de sus ingresos provienen del erario a través de contrataciones públicas. En ese orden de ideas, quitar la Ley de Garantías es crear una desventaja para partidos independientes y de oposición que no necesariamente tienen acceso a la contratación estatal y al presupuesto público”, expuso Orlando Higuera.
“Se abre un boquete para que recursos públicos, a través de financistas y contratos, terminen en campañas políticas. Hay estudios, hechos por diferentes organizaciones como la MOE, que descubrieron que personas que financiaron campañas luego salían beneficiados con contratos de obras publicas y OPS, teniendo retornos hasta del tres mil por ciento de lo donado en la campaña”, añadió Higuera.
Según el docente, habría un desequilibrio en la balanza, al no existir garantía de pesos y contrapesos entre partidos aliados al Gobierno a nivel nacional, regional y local, y evitar que se redirija la contratación a sus financistas históricos y que estos dineros lleguen a las campañas, financiando la política bajo medios legales, pero inconvenientes.
Orlando Higuera, politólogo.
Según académicos, ante la dificultad de rastreo de prácticas nocivas que aprovecharán las lagunas de la particular debilidad que tiene nuestra democracia, se requieren reacciones inmediatas. Katherine Miranda, politóloga y representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, anunció que acudirán a la Corte Constitucional para tumbar esta decisión. “Queremos evitar que los recursos públicos, los impuestos de todos los colombianos no caigan en el bolsillo de los políticos corruptos”. A esta demanda se adhirió Rodrigo Lara.
Luis Trejos, profesor investigador.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Con esta ley se prohíbe la celebración de convenios interadministrativos y contratación directa durante los cuatro meses anteriores a las elecciones y hasta la fecha en la que las figuras sean elegidas. Aplica a todos los entes del Estado, de todas las ramas del poder público pertenecientes al nivel nacional y territorial. También restringe el monto de la publicidad estatal, se suspende cualquier forma de vinculación laboral o reajuste de nómina, y la contratación de obras públicas. Tampoco se podrán inaugurar obras o empezar programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos o sus voceros.
No se podrá autorizar la utilización de inmuebles públicos para eventos electorales.
