El Concejo de Cartagena instaló hoy su primer periodo de sesiones ordinarias de la vigencia 2022. El protocolo indica que el alcalde de Cartagena William Dau, sea quien inaugure con una alocución, pero este acto le fue delegado a la secretaria de Hacienda, Diana Villalba Vallejo.
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Luego de la intervención de la funcionaria sobre los desafíos gubernamentales por venir y el discurso conciliador del presidente (e) del Concejo, Óscar Marín, ante las alteraciones en la ciudad, el secretario general del Concejo, Julio Morelos Nassi, indicó que representantes del mototaxismo solicitaron un espacio en la plenaria para dar sus precisiones frente al decreto que controla su actividad.
Arévalo, uno de los líderes del Comité Antidecreto, expresó que: “Las problemáticas que están sucediendo en Cartagena no son de orden público, sino problemáticas sociales de muchos que vemos en el mototaxismo nuestra actividad económica. Es importante este espacio que hace el Concejo de Cartagena, porque es una forma de reconocer nuestra dignidad, que no es más que reconocernos como seres humanos, algo que no ha hecho la Alcaldía de Cartagena”.
Y añadió: “El Distrito, sin ningún tipo de estudios ni bases científicas, produce unas medidas, eventualmente legales, de corte ilegítimo. Ese decreto que restringe al mototaxismo es ilegítimo porque no cuenta con la aceptación de la sociedad. Muchos vivimos de esa actividad económica en una ciudad que nos discrimina y que no nos da oportunidades de trabajo. Además, hay gran parte de la ciudadanía que de no existir nuestro gremio andarían a pie como en los tiempos de la esclavitud. Todos están afectados con este decreto ilegítimo.”
Dairo Arévalo apeló en la plenaria a la Constitución Política para indicar que para lograr la integración de la comunidad se necesita un marco democrático y participativo. “Este es un problema constitucional, que se debe tratar de manera constitucional y no legal. Son decisiones que se deben fundamentar en el derecho al trabajo y en la solidaridad de quienes integran a la sociedad. El trabajo es un derecho y una obligación social, no es una opción y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Algo que no vemos en Cartagena”, expuso.
Y agregó: “Nuestras condiciones no son dignas ni justas porque no es fácil montarse en una moto a las doce del mediodía y transportar a familiares y amigos a sus destinos. Pero lo hacemos porque el trabajo es una obligación social. Nuestra actividad está circunscrita dentro del contexto constitucional, y el Estado debe propiciar que tengamos prosperidad económica y ello solo se logra con una actividad digna y justa. Pero tanto la Nación y el Distrito han fallado porque solo han garantizado beneficios de unos cuantos, dueños de las grandes utilidades del transporte público”.
“Una renta básica gubernamental podría ayudarnos a dejar el mototaxismo. Preservar nuestra dignidad humana y regular nuestra actividad en una mesa de resolución y diálogo con instituciones nacionales, departamentales y locales”, dijo el representante del Comité Antidecreto.
Reacciones de los concejales
La plenaria volvió a sesión formal y tomó la palabra el concejal Javier Julio Bejarano, quien invitó a reflexionar a la Alcaldía de Cartagena en torno a la restricción del mototaxismo por la fuerza. “En 2019, el Distrito propuso, en su plan de gobierno de tres o cuatro hojas, acabar con la pobreza, y hoy, dos años después y frente a lo que estamos viviendo en la ciudad, la primera pregunta que surge es: ¿esta administración ha hecho lo mínimo para hacerle frente a la pobreza?”, dijo.
Y agregó: “En una ciudad con tan altos índices de pobreza y sin una política pública seria para hacerle frente al hambre, no es conveniente que de la administración distrital trate el tema del mototaxismo de esta manera. En el Concejo presentamos un proyecto de acuerdo basado en la experiencia barranquillera para establecer una reconversión laboral y un proceso de oportunidades para cambiar el enfoque de esa actividad. Pero esta medida de mediano y largo plazo para incentivar negocios y emprendimientos no ha tenido eco en el Distrito y dicen que no hay plata para eso”.
El concejal Sergio Mendoza definió como preocupante la situación con el mototaxismo en Cartagena. “Si bien rechazo los actos vandálicos, soy consciente del gran número de cartageneros en pobreza extrema y que hay más de 70 mil mototaxistas en Cartagena, lo que se traduce en un gran número de familias con la que se está jugando con su comida tramitando el tema como un problema de movilidad. No hay política pública distrital y las metas de los recursos para atender a los jóvenes están en cero”.
Y señaló: “En las mesas de diálogo el Distrito propuso prohibir la circulación del mototaxismo del Castillo San Felipe hasta el Centro Histórico, y ahora vemos que les mintió a los motociclistas. No le hablaron de frente a la gente. El Comité Antidecreto le dijo al director del DATT para fomentar la educación vial y mejorar sus malas prácticas, incluso le dijeron que sí al número de operativos de tránsito, pero lo que hicieron fue eliminar la actividad de un tajo sin estrategias ni un plan integral proyectado en el tiempo, garantizándole oportunidades a la gente”.
Por su parte, el concejal Luis Cassiani resaltó que muchos mototaxistas son profesionales y que acuden a esa actividad por la falta de trabajo, algo que no es culpa total de la actual administración, sino por la falta de creación y ejecución de estrategias al respecto. “Muchos no quieren coger una moto, pero es una reacción a las grandes brechas que hay en la ciudad. Todos necesitamos comer y vestirnos, por eso le hago un llamado al Distrito a la reflexión y al diálogo multisectorial, y sí controlar a los vándalos que aprovechan la coyuntura para cometer delitos”, argumentó.
Y agregó: “No podemos desconocer la realidad de Cartagena y de aquellas personas que viven del día a día. El Concejo y la Alcaldía de Cartagena debemos construir sociedad y no tener una guerra, juzgándonos entre las dos entidades”.
No hubo intervenciones al respecto del tema por parte del gabinete del Alcalde Dau, presente en el recinto, ni de la concejala de Gobierno, Claudia Arboleda.