Estados Unidos es uno de los países que, históricamente, ha recibido más inmigrantes en el mundo. Por lo anterior, es natural que la manera cómo aborda sus asuntos migratorios influya en el modo que el tema se percibe en otros países, aun cuando sus propias leyes sean distintas. De particular interés es el término “inmigrante ilegal” (“illegal alien” en inglés), el cual ha suscitado discusiones en años recientes debido al hecho de que criminaliza a personas que, en su mayoría, buscan refugio o mejores oportunidades de vida.
Si bien Estados Unidos resalta por su estricta política migratoria, que incluso tiende a ser más fuerte en unos estados que otros, el caso colombiano es distinto. Una persona que cruza la frontera hacia Colombia de manera irregular (sin los documentos necesarios, evadiendo las autoridades migratorias) no está cometiendo un delito y no puede ser judicializada por ese solo hecho.
El único modo de que eso ocurra es que cometa alguna falta contemplada en el Código Penal estando en el territorio nacional, pero esto también dependerá de los convenios internacionales que Colombia tenga con el país en cuestión. La Ley 2136 de 2021 establece que la deportación (el retorno forzoso al país de origen) es lo máximo que se le puede imponer a un migrante irregular. Le puede interesar: Migrantes son llamados a ser parte del desarrollo de Cartagena.
¿Qué ocurre con las venezolanos?
A pesar de lo que estipula la ley, la crisis humanitaria por la que atraviesa el vecino país ha llevado al Gobierno a adoptar una estrategia distinta. En lugar de deportar, el Estado da a los migrantes irregulares (no son ilegales) la oportunidad de acceder a permisos de permanencia que facilitan la protección de sus derechos fundamentales. El más reciente es el Permiso por Protección Temporal, expedido junto con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Puede leer: La migración: una oportunidad para crecer juntos.
