La capacidad de terrorismo que pudieron suscitar muy prontamente hombres armados que se reconocieron como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’ (AGC), tomó por sorpresa hasta a las más agudas autoridades militares.
Ni qué decir de los pobladores de decenas de caseríos, veredas, corregimientos y municipios de Antioquia, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba y en otros departamentos del país.
El paro armado desplegado por las AGC, supuestamente por la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, ha desvelado de forma dramática que las advertencias sobre la reedición de los efectos del conflicto armado que se soñaba concluirían con el sometimiento de las AUC y la consecuente extradición de sus más conocidos comandantes, así como de la posterior firma de los acuerdos de La Habana, parecen sueños frustrados.
Sujetos armados caminando enteramente despreocupados entre callecitas, plazas y colegios de esos poblados, como quienes están convencidos de que no llegará autoridad alguna, se atreven, con desparpajo, a interceptar tractomulas o buses para cruzarlos en medio de las vías o para quemarlos; o a pintar con aerosol negocios comerciales, señales de tránsito y fachadas de casas, con las siglas AGC; o atentar contra infraestructuras, maquinaria y medios de transporte; o a exigir de los habitantes de zonas rurales no salir de sus casas; o a suspender el transporte; y el peor escenario, esto es, a segar la vida de ciudadanos inermes, todo lo cual ha obligado a suspender muchas actividades, tanto rutinarias como necesarias, para el normal desarrollo de sus existencias.
La Defensoría del Pueblo ha lanzado un nuevo llamado a los grupos armados ilegales a que se abstengan de atentar contra la población civil y sus bienes, así como a solicitar medidas urgentes a las autoridades para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de los habitantes y las comunidades de estas regiones del país.
Frente a estos hechos, se han anunciado consejos de seguridad y el despliegue de dispositivos especiales de seguridad sobre las principales vías de los departamentos de Antioquia, Córdoba y sur de Bolívar, los cascos urbanos y las áreas rurales de los municipios, con el fin de mantener la movilidad y seguridad de quienes se desplazan por esas áreas.
Pero hay que ir más allá. No puede ser que a estas alturas de la evolución democrática las nuevas generaciones comiencen a sentir lo que sus parientes entrados en edad creyeron sepultar en los cementerios de la memoria. El sentimiento de que ya no es posible volver a acostarse a la hora que a cada familia le venga en gana, o a abstenerse de tertuliar en los mecedores de las terrazas de las casitas del pueblo, y de ver regodearse a tipos armados que se sienten dueños de la vida ajena, indica que hemos vuelto a fallar.
¿Qué hay que hacer?