Salvo que surja una circunstancia de peso que lo impida, mañana debería adjudicarse el macroproyecto del Canal del Dique. A pesar de las voces que se han levantado contra el esperado acto jurídico a cargo de la ANI, si se adjudica solo habrá ganadores, incluso aquellos que han expresado reticencias. Veamos: se pide que se suspenda porque faltan consultas previas o más socialización. Pues si el proyecto no se adjudica, no habrá ni lo uno ni lo otro; las comunidades no serán beneficiadas ni con la obra ni con las inversiones que se pactarán de los acuerdos derivados de las consultas previas.
Por el contrario, si se adjudica, las comunidades podrán, o mediante tramitación ante el Mininterior o mediante tutelas, lograr la orden de nuevas consultas. Los líderes de las comunidades que se sienten excluidas del intenso proceso de socialización que se hizo por meses, perfectamente saben que no necesitan hacer protestas ni cerrar las diversas bocas del Canal del Dique; saben muy bien que basta una tutela para que se ordene la realización de las consultas que falten, si es que en verdad son procedentes.
En cuanto a que el megaproyecto no cuenta con un instrumento ambiental adecuado, es claro que, si no se hace, al ambiente circundante al Canal y al recipiendario de sus aguas cargadas de sedimentos les irá peor. Es más lógico que se le exija al contratista correspondiente, si es que se requiere, que presente la licencia ambiental que al nuevo gobierno le parezca conducente, a pesar de que en 2018 la ANLA aprobó el plan hidrosedimentológico.
Es decir, que tanto las consultas y socialización que se indique que falten, o la licencia que consideren que se necesita, o la procedencia de practicar el proceso de inhumación de cadáveres que han señalado algunas personas o entidades, se pueden hacer durante la estructuración del proyecto, si se adjudica, etapa que no durará menos de un año y medio sin que haya ninguna intervención en obras.
Y en cuanto a la última crítica, que es sobre Sacyr, si esta empresa española ha promovido acciones para el pago de mayores obras y demás factores que las encarecen, según determinados comentaristas, es claro que el pago o no de estas es una atribución de las autoridades administrativas o judiciales. La honradez de dichas autoridades y la pulcritud en la valoración de las reclamaciones y sus correspondientes pruebas depende de los funcionarios, árbitros y jueces a los que les corresponda el análisis de los casos concretos. Si Sacyr ha hecho algo incorrecto, pues que lo digan con toda claridad, pues El Universal sería el primero el rechazar su contratación.
Para el resto de voces que se han levantado contra el proyecto o su adjudicación, no merecen ni un ápice de mención, pues su afán de lucro es más importante que salvar el medio ambiente o proveerle a las poblaciones ribereñas seguridad en su relación con las crecidas del cauce de las aguas del Canal.
