¿En qué tipo de gobierno, a escasos meses de una elección popular, se produce la detención de al menos doce líderes de la oposición?
Pues en Nicaragua, en donde en menos de dos semanas, el listado de acallamiento implacable de voces contrarias al régimen crece, incluyendo, hasta ahora, a tres precandidatos presidenciales (Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro).
Las imputaciones se refieren a delitos contra la independencia, la soberanía y autodeterminación nacional, y el perfil de los detenidos va desde destacados empresarios y dirigentes gremiales, a competidores directos del presidente Daniel Ortega en las próximas elecciones citadas para el 7 de noviembre.
El exrevolucionario Ortega busca coronar su cuarto mandato, y le tienen sin cuidado las sanciones que el gobierno de EE. UU. impuso recientemente a altos miembros de su gabinete, extensivas a su hija.
Pero la nefanda determinación de suprimir la participación de opositores es apenas la última novedad de todos los abusos cometidos sistemáticamente por el régimen. Ya no sabemos contar a los periodistas independientes y los activistas que han tenido que salir del país o refugiarse en la clandestinidad ante la violencia y presiones del oprobioso gobierno.
Tampoco podemos pasar por alto la situación de la libertad de expresión y de prensa en el país centroamericano, que se encuentra bajo ataque permanente como parte de una miserable y efectiva estrategia oficial dirigida a acallar las voces independientes, tal como lo ha señalado el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, encargado de reseñar los casos de violaciones de derechos humanos contra periodistas y medios de comunicación, al punto que ha concluido que ejercer el periodismo incluso fuera de Nicaragua constituye un riesgo superior considerando los ataques digitales y físicos a familiares de periodistas en el exilio.
También han alertado que en ese país no existen mecanismos de protección a periodistas ni instancias estatales que garanticen la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones denunciadas por el gremio periodístico, por cuanto la impunidad tornó en política de Estado, alentada por los discursos altamente agresivos desde el Ejecutivo.
Tampoco parece importarle a Ortega los pronunciamientos del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha convocado a una “reunión de urgencia” al Consejo Permanente de esa entidad con miras a aprobar la suspensión de Nicaragua.
Es impensable que no se apruebe esa suspensión, cuando claramente el artículo 21 de la Carta de la OEA establece que procede cuando se constate la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y las gestiones diplomáticas resulten infructuosas.
¿Será que no habrá quórum favorable a tan inaplazable decisión?
