A no dudarlo, el contexto actual de Montes de María resume incertidumbre, miedo y fragilidad institucional.
La ya compleja situación, expresada en la vulneración de los derechos humanos económicos, políticos, sociales y culturales, se profundiza con la cooptación ilegal del Estado territorial por parte de los actores armados –Clan del Golfo– y una institucional que se ha ido replegando de sus puntos cardinales.
En efecto, se ha normalizado el confinamiento de la población (desde las 6 de la tarde) en las zonas rurales de los municipios de Ovejas, Córdoba, Zambrano, San Onofre, Córdoba, Chalán, Colosó y en la Alta Montaña, entre otros. Asimismo, se está tornando común el creciente desplazamiento de líderes amenazados, el auge de la extorsión, el reclutamiento de jóvenes (en algunos casos voluntarios), y más recientemente este grupo armado y sus bandas locales asociadas están invitando a los procesos electorales del año, a la elección de las Juntas de Acción Comunal y el ejercicio del control social como ‘jueces/mediadores’ en los problemas que afectan a las comunidades montemarianas.
De igual manera, el territorio se ha convertido en un ‘corredor estratégico’ para la operación del narcotráfico en dos vías: una, la recepción y posterior salida al exterior de la droga proveniente del Sur de Bolívar, del Nudo de Paramillo; y por la otra, convertir al territorio en un mercado del microtráfico con nefastas consecuencias para la juventud montemariana y la sociedad en general.
Cabe subrayar –de conformidad con una investigación del Instituto Internacional de Estudios del Caribe con el apoyo de los Consejos Territoriales de Paz, sobre la seguridad y el desarrollo territorial en Montes de María– que el promedio de la Medición de Desempeño Municipal Global (realizada por el DNP), entre 2016-2020, ningún municipio alcanza el mínimo de 45 puntos (el promedio es de 36 puntos); de allí que su gestión sea clasificada como ‘Baja’.
En otras palabras, allí no tienen la capacidad institucional para producir bienes y servicios (agua, educación, salud, ingresos) de calidad para la población, y luego de cuatro décadas del modelo de descentralización político-administrativo, no se ha concretado aún el reto de transformar la cultura y prácticas organizacionales (persistencia del clientelismo y la corrupción) en la estructura para la gestión pública territorial.
En resumen, hoy los montemarianos están viviendo en medio de la zozobra, el temor y el miedo, fenómenos sociales dañosos que les impide disfrutar de cualquier reunión ante la presencia de los actores armados ilegales.
En ese sentido, la sociedad toda clamamos al Estado Nacional y Territorial, a que asuma su responsabilidad en materia de Derechos Humanos, seguridad ciudadana y control del orden público, como lo establece la Constitución Política, con presteza.