El aumento de los casos de extorsión en la ciudad durante lo que va corrido del año llama a la ciudadanía a no dejarse amedrentar por los delincuentes, quienes normalmente hacen sus llamadas desde cárceles de la región Caribe, como ocurre en casi el 80% de los casos.
De conformidad con información brindada por el comandante del Gaula Bolívar, mayor Julián Alberto Cañas, se han registrado ya 51 casos en la ciudad en 2022, 15 más que los reportados para esta misma fecha en 2021.
Las modalidades principales de extorsión telefónica son la suplantación de grupos al margen de la ley y el falso servicio. La primera consiste en que el victimario se identifica como perteneciente a uno de estos grupos, usualmente del Clan del Golfo, lo que regularmente no es cierto.
La segunda se relaciona con exigencias que suelen hacer los extorsionistas para supuestamente solicitar elementos de difícil consecución, y ante la evidente dificultad que encuentra la víctima de la extorsión para lograrlo, los bandidos proponen la sustitución del “apoyo” por dinero efectivo que debe consignarse en cuentas bancarias o remitirse mediante giros a terceros.
Lo cierto es que la mayoría de estas modalidades de extorsión se dan contra comerciantes y empresas de la ciudad, que reciben con natural inquietud esas llamadas cuyo propósito es obtener dinero a partir de sembrar miedo y perturbación en el ánimo de los destinatarios de esas presiones ilícitas. Pero la ciudadanía debe saber que esas llamadas extorsivas normalmente carecen de peligrosidad, pues son típicas puestas en escenas de personas presas en cárceles, que aprovechan los espacios de libertad intramural para comunicarse y obtener información que recogen de empresarios y empresas de los medios virtuales.
No ceder al chantaje es clave, y para eso no debe dudarse en acudir al Gaula, pues en la medida que la ciudadanía no caiga en estos entrampes disminuirán las extorsiones en las modalidades mencionadas.
En todo caso, esto, que es conveniente si se convierte en una práctica generalizada de reacción ciudadana contra tales conductas delincuenciales, no sería suficiente si las autoridades carcelarias y demás entidades que se ocupan de la seguridad de los ciudadanos y de la sanción de los malhechores, no se toman el trabajo de ir más allá de la resolución de cada caso concreto.
Es estratégico conformar equipos especializados que no solo detecten de dónde salen esas llamadas, sino que también desmantelen los grupos que se encargan de los entramados a través de los cuales logran realizar las gestiones extorsivas.
Dar con las cabecillas de estas organizaciones y con los cómplices que por fuera de las cárceles realizan los actos de cobro de los recursos provenientes de las actividades extorsivas, debe ser el objetivo. Y la unión entre ciudadanos y Policía resulta indispensable en ese propósito.
