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Las otras negociaciones

El Gobierno está empeñado en abrirle la puerta a los diálogos con las delincuencias que dominan las economías ilegales en el país y que siembran terror en buena parte de la población.

En el marco de los acuerdos que el presidente Gustavo Petro desea lograr como meta final del camino para alcanzar la “paz total” propuesta a los colombianos, están las negociaciones con el Eln, de las que comentamos ayer en este espacio.

El otro conjunto de acuerdos se pretende con grupos armados delincuenciales que no tienen sustrato político (Clan del Golfo, disidencias de las Farc, Caparros, Pachelly, entre otros), algunos de los cuales ya han expresado su intención de sentarse a negociar. El Gobierno está empeñado en abrirle la puerta a los diálogos con las delincuencias que dominan las economías ilegales en el país y que siembran terror en buena parte de la población, con todas sus expresiones de violencia, singularmente masacres, desplazamientos, sicariatos por guerras entre bandas, asesinatos a líderes sociales, policías, funcionarios públicos, periodistas y gentes de distintos sectores comunitarios.

Se entiende que el propósito del Gobierno, a pesar de la atipicidad de esta riesgosa movida, es desactivar la violencia y desarmar a los colombianos, para lo cual se requiere previamente reemplazar los cultivos ilícitos y la minería ilegal en la medida que, si estas actividades siguen, no cesarán las violencias en los territorios, lo cual requiere, a su vez, que el Estado arribe a esas zonas con inversión social y fuentes legítimas de sustento que sustituyan a las economías ilegales.

Para tal fin les ha propuesto a las bandas criminales que, una vez expresen en concreto si están dispuestas a participar en los diálogos, se le dé paso a un cese al fuego multilateral como condición previa a una posible negociación.

El desarme propuesto permitirá instalar los “diálogos regionales”, ya pensados para los 65 municipios más sufridos por la actual violencia, empleando el mecanismo de los Puestos de Mando Unificados a fin de garantizar la integridad y vida de los ciudadanos, con especial atención en los líderes sociales.

La movida institucional hacia estas negociaciones, que no tiene precedentes, es sumamente audaz, en la medida que corresponden a estructuras típicamente criminales cuyos propósitos no son otros que la obtención del lucro exponencial a través de negocios ilícitos.

El Gobierno está en su derecho de continuar esas exploraciones, y hay que apoyarlas; sin embargo, se espera que ese inédito proceso no conlleve el surgimiento de males mayores, como la pérdida de institucionalidad debido a la autonomía que se les quiere conferir a los alcaldes en dichos diálogos, a propósito de la confección del Plan Nacional de Desarrollo desde las regiones.

Tampoco que el “acogimiento” con beneficios judiciales para las estructuras criminales suponga una connivencia con la delincuencia, lo que haría que la convivencia con sus ejecutores se torne en una amenaza extendida a más ámbitos de la vida en comunidad.

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