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La suspensión de Quintero

“El de Medellín, solo con el sugestivo video de meter el cambio en primera en un vehículo, muestra una personalidad del típico ‘vivo’ que cree saber saltarse la ley”.

Se demoró la Procuraduría en suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como se ha demorado para suspender a otros funcionarios públicos que participan activamente en política, a pesar de las tajantes prohibiciones en la Constitución, la ley estatutaria que reglamentó la reelección presidencial y el nuevo estatuto disciplinario, como es el caso del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, proclive al candidato Federico Gutiérrez.

Esas demoras solo logran victimizar a los infractores suspendidos. Y confunden a las gentes, pues para muchos lo importante no es reprochar la conducta del servidor público que viola la ley, sino reclamar el porqué a unos sí y a otros no. Así de trastocadas están las cosas.

Por supuesto que a esa confusión en la ética social y en el debido respeto a la ley contribuye la propia Procuraduría, que pudiendo suspender a determinados funcionarios (entre los que no está el presidente, por ejemplo, pues carece de competencia), no lo hace prontamente, con lo cual no impide que los descarados actos de participación en política partidista en combinación con los sutiles, se normalicen, hasta el extremo de que cuando el Ministerio Público hace lo debido, se le critica.

El nuevo Código General Disciplinario le otorga funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, de entre las cuales está la de suspender temporalmente a aquellos operadores que tienen el potencial de interferir, con su permanencia en el cargo, las investigaciones, o en persistir en la violación de la prohibición, suspensiones que son de cumplimiento inmediato.

Si algo podía esperarse de ambos alcaldes es que continuaran en sus andanzas. El de Medellín, que es el más conocido, solo con el sugestivo video de meter el cambio en primera en un vehículo, muestra una personalidad del típico ‘vivo’ que cree saber saltarse la ley, con las argucias que se emplean cuando se tiene el convencimiento de que ‘hecha la ley, hecha la trampa’.

La actitud desafiante de alcaldes y demás funcionarios pasibles de suspensiones disciplinarias se debe no solo a la parsimonia en decretar estas medidas frente al abuso de poder, o por la actitud selectiva en las decisiones disciplinables. Es sobre todo una muestra de desprecio por la autoridad y legitimidad de la ley, por quienes ejercen altas funciones públicas, que subvierten cuando el funcionario pretende imponer sus ideas en la comunidad.

La imparcialidad en la dirección del manejo electoral en el respectivo municipio no es un derecho de los alcaldes y demás funcionarios. ¡Es un deber! Y los ciudadanos tenemos la potestad de deprecar de estos la debida corrección, para que las preferencias electorales de cada quién se reserven solo para los espacios permitidos en la legislación aplicable, pues la norma vigente es que ni el cargo ni el erario están para pertrechar beneficios partidistas.

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