En El Universal tenemos más que claro que la protesta es un derecho fundamental; que no se requiere pedir permiso para desarrollarla; que solo basta con avisar de su ocurrencia a la municipalidad, señalando el recorrido correspondiente para que esta adopte las medidas de tránsito que garanticen esa expresión del derecho de asociación y para minimizar su impacto en quienes no participen de ella.
Pero lo que, en ejercicio del derecho a la protesta, hicieron un grupo de taxistas ayer en la ciudad es inadmisible.
Los taxistas pudieron haber ocupado uno de los dos carriles de las avenidas que escogieron para su protesta, dejando libre el otro para la lenta, pero posible circulación de los ciudadanos, singularmente para quienes tenían vuelos o para el paso de ambulancias y demás necesidades inaplazables. Así, perfectamente habrían logrado la misma visibilidad, pero sin el ejercicio del desprecio contra sus prójimos, que bien les valieron el repudio ciudadano, por el uso premeditadamente insensible de un derecho constitucional.
La molestia generalizada por la afrenta de los taxistas que así protestaron está más que justificada, por diversas razones: no puede ser que protesten por el transporte ilegal, cuando ellos mismos son actores de esas conductas, por ejemplo, en la prestación del servicio colectivo que a otros critican.
No puede ser que vean abusos en los otros cuando entre sus miembros hay quienes cobran la tarifa que les apetece; u otros con taxis sucios, malolientes o destartalados; o porque no aceptan los taxímetros que son normales en cualquier ciudad civilizada; o cómo comprender que muchos de ellos hacen parte de las aplicaciones contra las que protestan, pues las califican como ilegales.
Los promotores de estos bloqueos no pueden llevar a la ciudadanía al extremo de proponer un paro de usuarios de taxis exigiendo el respeto de los derechos de los pasajeros y de los terceros.
Y en cuanto a la autoridad local, si esta tenía claro que ayer se producirían esos bloqueos desmedidos, y contaba con información en cuanto a que esos cierres estarían motivados por la defensa de una actividad ilegal, como es la del transporte colectivo en taxi, pues la lógica indicaba que tendrían que haber dispuesto operativos que impidieran los bloqueos afrentosos contra otros derechos fundamentales, según lo que el mismo alcalde expresó en un video sobre el tema. Mucho de lo que pasó se debe a esa pasividad, salvo que la administración posea alguna información de la que carezcamos el resto de ciudadanos.
Los cartageneros y, cómo no, los visitantes que también se ven profundamente afectados con estas conductas abusivas, tenemos derecho a que nuestros gobernantes revelen si en esta ciudad el ejercicio de la protesta con bloqueos como estos, se convierte en regla, para que quienes no participen sepan advertidamente a qué atenerse.
