Si la política de vivienda sigue el curso de lo que se ha mostrado hasta ahora durante el actual Gobierno, a Bolívar y Cartagena de Indias les irá mal en este sensible sector.
Y en verdad que sorprende. Ya se sabe que este año sufriremos una desaceleración muy fuerte; BanRep prevé que pasaremos de un crecimiento del 7,5% en 2022 a menos del 0,5%. La inflación no está muy interesada en contenerse, y el dólar se sigue comportando como la veleta de un barco cuya capitán gusta de mantenerse en la crespa de altas olas. Ya ni los bancos se sienten cómodos con las desenfrenadas tasas de interés, lo que provoca el freno en las inversiones con su corolario de desactivación de nuevos empleos; y el riesgo país se debate entre si seremos como Corea del Sur o como otro vecino de barrio en esta parte rezagada del orbe.
Bajo ese escenario, algo que debería estar funcionando como un relojito es el sector que suele dinamizar la economía cuando se atraviesa una crisis, que no sólo es responsable del 7,7% del empleo directo nacional, más el 3% de los indirectos; o que representa el 4,5% del PIB en la medida que el 82% de los insumos de la construcción se originan en la industria manufacturera local y un 11% en servicios financieros, inmobiliarios, de telecomunicaciones, jurídicos, entre otros.
No se entiende entonces la tranquilidad del Gobierno ante la temible noticia de que las ventas de bienes raíces cayeron en un 50% en comparación con las de enero de 2022, y el pronóstico de la pérdida de más de 1, 1 millones de empleos ante la posible caída del 40% en nuevos proyectos en viviendas de interés social. Si las cosas siguen como van, solo los estratos medios y altos accederán a vivienda nueva o a la segunda.
No se entiende por qué no hay anuncios urgentes del incremento de disponibilidades para los subsidios de vivienda, y sobre el giro de los recursos contenidos desde el segundo semestre de 2022.
No se entiende el afán de acabar con el muy exitoso programa Mi Casa Ya, de impacto altamente positivo en la economía.
Para el caso de Bolívar, hay 8.908 unidades de vivienda VIS en construcción ya vendidas, a la espera de ser entregadas a los compradores quienes, al no haber respuestas claras ni asignación de subsidios, no podrán realizar el cierre financiero para poder escriturar las viviendas. ¡Frustración total!
Otra consecuencia es el costo financiero por viviendas terminadas, pero no entregadas, que gira alrededor de los $55 mil millones de pesos, lo que explica por qué cada mes hay más empresas acogiéndose a la ley de insolvencia.
Para rematar, en el nuevo esquema que se anuncia, de “puntaje de priorización para asignación de subsidio”, el suelo urbano de Cartagena quedaría por fuera. Sólo se podrá en suelo suburbano y rural. Vamos a ver quiénes nos garantizarán transporte, seguridad y servicios públicos que le den viabilidad al desarrollo de estos proyectos.
