A propósito de la resolución que el viernes aprobó por unanimidad la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), en la que alerta por la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales durante los procesos electorales, vale la pena que se anime en nuestro medio este debate desde los más altos niveles del Estado y entre los ciudadanos, ad portas del inicio de las campañas electorales para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y JAC.
En efecto, la APCE anima a confrontar la influencia indebida y la desinformación en las campañas políticas, de lo cual ningún país está a salvo, como no lo están frente al evidente aumento del discurso del odio, la ofensa y la tergiversación deliberada de los hechos o de la verdad.
Al referirse a empresas como Facebook y Twitter la resolución sostiene que las redes sociales no son solo “espacios de diversión” o “salas de chats sobre temas blandos”, sino que también se han convertido en una extensión de “la vieja esfera pública, proporcionando un privilegiado ámbito de discusión sobre asuntos políticos y sociales”.
Ya antes Reporteros sin Fronteras, en colaboración con otros poderosos medios de difusión global, habían presentado una propuesta de autorregulación de los medios de comunicación, para luchar contra la desinformación en línea: la Journalism Trust Initiative (JTI), para que las noticias incluyan un sello de garantía que confirme que han sido verificadas.
Como lo han señalado columnistas europeos, los estudios que sirvieron para la resolución consideraron si las redes sociales son una amenaza para los derechos humanos, especialmente para la privacidad, la libertad de expresión y de información, y si al ser tales canales de distribución de noticias, entonces deberían asumir responsabilidades por el papel editorial que juegan en la sociedad global.
Como ejemplo, citan que Facebook es el mayor editor de contenidos del planeta, pero no se autorreconoce como tal; por lo mismo, el director de un periódico local tiene más riesgos de quedar sometido a una investigación judicial que el representante de aquella poderosa plataforma. De la misma manera, en la red pueden replicarse trabajos de un periodista de cualquier medio, sin reconocerle una retribución por ese esfuerzo, pago que en cambio sí tiene que asumir el periódico en el que labora.
Si cada vez hay más estudios sobre las consecuencias perjudiciales para el bienestar individual por el ciberbullyng o acoso cibernético, o por las afectaciones al funcionamiento de las instituciones democráticas derivadas de la propagación de mentiras en las redes sociales, el debate no solo es pertinente para las naciones europeas, también urge asumirlo en nuestro entorno.
Por supuesto que la discusión no deberá excusar intentos de censura estatal a las libertades de prensa o de expresión, sino en soluciones pertinentes como la de profundizar la enseñanza de competencias informáticas desde edades tempranas, para que los usuarios aprendan a discernir el material que reciben y comparten, entre otras propuestas de la APCE.
