Justamente cuando el Concejo se aprestaba a abrir, por enésima vez desde el 2017, la convocatoria pública para escoger al contralor del Distrito, término que corrió desde el 1 hasta el 2 de agosto, los dimes y diretes entre los ocupantes de las curules del popular hemiciclo muestran un panorama sombrío de una institución desprestigiada a más no poder como es la Contraloría Distrital.
La comunidad sigue sin entender por qué desde 2017 la ciudad no cuenta con un contralor en propiedad; desde ese año han fungido como encargados Freddys Quintero, Rafael Castillo Fortich y hasta ayer Gustavo Núñez Viveros, quien renunció irrevocablemente, con lo cual solo duró en esa posición cuatro días.
Antes, el jueves pasado, en medio de agria pelotera, los concejales de una aparente nueva coalición separaron del encargo a Rafael Castillo Fortich, dándole paso al abogado Núñez Vivero, quien desempeña el puesto de secretario general de aquella entidad, contrariando así la voluntad de la presidenta de la Corporación, Gloria Estrada.
Las explicaciones de la inesperada –pero comprensible– renuncia de Núñez se contienen en su carta de dimisión, en la que alegó motivos estrictamente personales “...por la tranquilidad y bienestar de mi familia”, según su dicho.
Se puede inferir que la situación se le tornó insostenible, pues, además, renunció del cargo de secretario general, aunque le expresó a este diario que su retiro no obedeció a ningún tipo de coacción.
En todo caso, algo grave debe estar pasando para la sucesión de tales hechos, que refieren la interferencia de terceros en las decisiones de los concejales, y su división en al menos dos nuevos grupos coaligados.
Aunque para ninguna persona dentro del ambiente político es extraño que se afirme que cada cargo directivo en la Contraloría tiene “dueño”, esto es, o un concejal o una casa política, las negativas de quienes fungen como voceros de estas no disipan para nada esa percepción; por el contrario, los rifirrafes entre los concejales y los sucesivos encargos no hacen sino confirmar que la Contraloría Distrital es todo, menos un ente técnico, autónomo e independiente.
Si esto fuera así, y autoridades de altísimo nivel como el alcalde de Cartagena lo han asegurado múltiples veces, la credibilidad en las actuaciones y los actos administrativos provisionales o definitivos que por sus funcionarios se expidan, están revestidos de una protuberante mácula que les quita seriedad, acatamiento y legitimidad.
Si a lo anterior se agrega el presunto estado de iliquidez en que se encuentra la entidad, las perspectivas que afronta son verdaderamente deplorables.
Desde aquí ya hemos propuesto la eliminación de las contralorías municipales y distritales y su asunción en las contralorías regionales. O, al menos, un cambio radical en el modo de elegir los contralores.
¡Persistimos en ello!