Las Convivir fueron cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o de Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada, como respuesta estatal para dotar de un nuevo marco legal a la defensa que los terratenientes venían haciendo de sus tierras, ante la amenaza de los grupos guerrilleros que el Estado colombiano no lograba combatir eficazmente, creadas durante el mandato de Gaviria y reglamentadas en el de Samper. Pero varios de sus directivos terminaron como comandantes de las AUC cuando la Corte les quitó sus capacidades de combate.
En este momento se ha abierto una agria discusión entre el Gobierno y quienes lo apoyan irrestrictamente, y los terratenientes; pero también, por otras razones, entre quienes saben lo que significa en este país empoderar a grupos de civiles en actividades de defensa del territorio, por más justificado o altruista que esto parezca ser.
Empoderar a las comunidades para que defiendan sus territorios, como se propone en reciente propuesta del Gobierno, en cuanto a animar, vía decreto proyectado por el Ministerio de Agricultura, a la movilización campesina en defensa de la reforma agraria con financiación estatal se oye muy bonito, pero en la práctica podría provocar una reedición de las Convivir, esta vez desde la izquierda, si son aupadas y pagadas por el Ejecutivo; o de las AUC si son animadas como respuesta de los particulares.
Hay que tener cuidado que los ‘Comités Municipales para la Reforma Agraria’ y las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, figuras inspiradas en dicho proyecto de decreto como mecanismos de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad, puede darle paso, si no se cuidan de los instintos violentos que acompañan al viejo conflicto por el control de la tierra, a unas nuevas Convivir. Y mucho más cuidado si lo que perciben los terratenientes y propietarios de tierras de menores áreas en el referido proyecto de decreto, estaría relacionado con el polémico proyecto de expropiación exprés que suscitó alarma en el Congreso.
Hay que tener cuidado que ganaderos y otros sectores con sus intereses en lo rural y la guarda de la propiedad o la posesión de la tierra, respondan a aquello con paramilitarismo, pues cualquier confrontación de baja intensidad puede degenerar en una nueva etapa de violencia demencial en el campo colombiano.
Ejecutar actos estatales que propicien la confrontación por la ocupación ilegal de fincas de propietarios legítimos, o el despojo de tierras campesinas por la delincuencia paraca, no sólo puede llevar al traste la necesaria reforma agraria del Gobierno, o sus propuestas paz total o la consensuada adjudicación de tierras.
