Finalmente, el Juzgado 11 Penal Municipal profirió la decisión que se esperaba en relación con la concejala Gloria Estrada, Martín Barreto y Avelino Villamizar desde que se conocieron las primeras versiones de un presunto entramado de corrupción entre funcionarios de la Alcaldía Local 2, edil y policías, quienes se habrían complotado para contaminar el vehículo en el que se transportaban el mediodía del viernes 14 de enero.
Y es que desde el primer momento resultaron altamente sospechosas las vicisitudes que rodearon la captura de la presidenta del Concejo Distrital; no parecía lógico que su novio movilizara 1 kilo de clorhidrato de cocaína precisamente en el automóvil donde aquella habría de ser segura pasajera. Esa intrepidez se mostraba ajena a toda conducta racional, a lo que se fueron sumando elementos desconcertantes, como el lugar inusual donde se instaló el supuesto retén policial, o la ausencia de cateo del resto del vehículo por parte de los oficiales.
Esas notables rarezas llevaron a este diario a admitir la duda razonable en cuanto a la inocencia de la encartada y la posibilidad de un complot. Desde el primer momento en esta sección se dijo que no procedía formular juicios de valor concluyentes en la medida que a la concejala Gloria Estrada le amparaba la presunción de inocencia, pues dentro de las posibilidades del proceso penal no podía descartarse que el juez del asunto ordenara su libertad ante la probabilidad de la implantación fraudulenta del estupefaciente en el vehículo, lo que esta semana se calificó en el proceso penal.
En todo caso, ese desvelamiento en cuanto a que la concejala habría sido víctima de una artimaña pone a la ciudad en una situación no menos grave: supone que miembros de la Policía están dispuestos a implantar en vehículos particulares elementos ilícitos para enlodar el nombre de sus ocupantes. Es en extremo grave, porque opaca la confianza en operativos que no son infrecuentes en la ciudad, con lo cual la Dirección de la Policía está obligada a actuar con el mayor rigor y contundencia a fin de restituirle la credibilidad a sus oficiales y a esos operativos.
Y por los lados de la Alcaldía, no es menos grave, pues presuntamente el alcalde local 2, un concejal y un edil serían copartícipes del entramado criminal. ¿Por qué y para qué?
Tal vez ahora cobre más importancia saber el significado de la afirmación exasperada del contralor distrital encargado, Rafael Castillo, quien no es precisamente la persona que goza del mejor prestigio entre los miembros del gabinete distrital, en cuanto a que “estamos en manos de unos criminales que han intervenido la política en la ciudad”.
Por lo expuesto, ha quedado en libertad la concejala Gloria Estrada. Si es inocente, se ha hecho justicia; pero aún quedan planteadas múltiples dudas que urgen ser despejadas.
