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El asunto de las Islas

“Nada de lo que el Estado hace, lo puede hacer sin planeación, que es lo que está ocurriendo en las Islas y la ANT. Tampoco puede hacerlo el Estado con violación de...”.

Las acciones emprendidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contra tenedores de lotes e islotes en las Islas del Rosario no han merecido mayor interés en la ciudad, seguramente porque la autoridad local no ha prestado atención –tal vez deliberadamente– a lo que con eso ocurra.

Sin embargo, el tema comienza a discutirse abiertamente en la ciudad después de que, en un evento de RCN Radio, el alcalde electo, Dumek Turbay, se pronunciara afirmando la inquietud que a no pocos entendidos de este tema les asalta, esto es, que la forma en la que la ANT está abordando el asunto de la ocupación y el porvenir de las Islas del Rosario es de completo desconocimiento de la autoridad y las gentes de Cartagena de Indias, como si las Islas fueran territorio externo a la jurisdicción del Distrito.

Tiene razón el alcalde electo al afirmar que hay emprendedores allí “, que han hecho un desarrollo fantástico y hoy son parte del activo turístico de la ciudad. Ya hay inversionistas de la ciudad que han sido notificados, pero toca mirar el amparo legal. Nosotros no podemos dejar que nos falten el respeto...”.

Según informaciones que la ANT ha dado, y lo que se conoce en la ciudad, ha hecho bien esa autoridad nacional en actuar contra los tenedores que se han burlado de los acuerdos celebrados en su momento con el Incoder (organismo reemplazado por la ANT).

Quienes no pagan lo que deben por arriendo deben ser lanzados; así pasa con los bienes privados, y no hay razón para que no ocurra con los públicos. Igual determinación cabe emprender contra aquellos que ocupen lotes sin ningún sustento legal, o contra quienes paguen cifras irrisorias, cuya solución no es precisamente el lanzamiento sino la regulación del canon de arrendamiento. Nadie tiene derecho a pedir protección si se ha constituido en violador de la ley... ¡Así de simple!

Pero nada de lo que el Estado hace, por más justo que parezca, lo puede hacer sin planeación, que es lo que está ocurriendo en las Islas y la ANT.

Tampoco puede hacerlo el Estado con violación de normas que protegen el Derecho de Defensa y el Debido Proceso en los trámites administrativos que está obligado a activar cuando de recuperación de bienes públicos se trata.

Cuando el Estado desconoce esos principios, deviene en abuso de autoridad y, más largamente, en tiranía. Esto, que es lo común en las dictaduras duras, o en los remedos chapuceros de dictaduras como las que hemos visto en Venezuela, no es admisible en nuestro país, ni puede permitirse. Cualquier rendija que dejemos que se abra en este sentido, será aprovechada por los funcionarios ideologizados; y no puede haber complacencia ni excepciones, como en el caso de las Islas, por el prurito de que, quienes ocupan las edificaciones son los blanquitos o riquitos de este país. No tenemos espacio para terminar este análisis hoy. Conviene, en consecuencia, continuarlo en la edición de mañana.

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