Después de las primeras semanas del arribo del COVID-19, la ciudad clamaba por la conformación de un grupo interdisciplinario, liderado por la Alcaldía, que confeccionara e hiciera seguimiento a un plan de reactivación económica que complementara las acciones e inversiones en materia de salud.
Por ello, se recibió con esperanza la constitución de un grupo de trabajo que entregaría una ruta de trabajo con planes de choque que estuvieran a la altura de las circunstancias extraordinarias a las que nos sometió el nuevo coronavirus.
En septiembre de 2020 ese grupo interdisciplinario lanzó el “Plan de Reactivación Económica con miras a mitigar el impacto social del COVID-19 en Cartagena”, armonizado con los pilares y estrategias del Plan de Desarrollo del alcalde Dau.
Este miércoles en la noche el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) reveló que la Alcaldía no continuó participando decididamente en ese espacio, así como no aportó la información requerida para el seguimiento de los compromisos y acciones del plan.
Por su parte, la Alcaldía, en reacción a ese pronunciamiento, ha tomado dos vías: una, la formal, manifestando en un boletín de prensa que rechaza la posición del CGB dado que sí ha participado activamente en el ejercicio en el que las universidades y el sector empresarial habían concurrido. Y, la otra, por medio de explosivas declaraciones del alcalde, que califica el pronunciamiento del CGB como una persecución de los gremios contra su gobierno.
Las explicaciones no son satisfactorias pues parten del supuesto de que el alcalde no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. No es así. Todos tenemos que rendir cuentas, tanto en el sector privado y, con más razón, en el sector público. La lógica de la gobernanza implica que, si la autoridad lidera y conforma un grupo de trabajo con los gobernados, con metas que alcanzar, resulta vana toda convocatoria que no implique el compromiso de proveer oportunamente la información necesaria, así como el de medir los avances y logros.
Los celos de poder, sobre todo de quien lo ostenta, son absurdos. Un alcalde no pierde sus potestades porque trabaje con voceros de la comunidad a la que gobierna, y no debe sentirse amenazado porque cada cual juegue el papel institucional para el que está llamado.
Al alcalde le quedan solo dos años largos. No es tiempo de rencillas sino de sumar. Es pernicioso que a todo aquel que le haga ver con respeto eventuales errores en su administración, lo gradúe de enemigo o de aliado de malandrines.
Más que nunca se necesita que el líder de la ciudad deponga la profunda prevención que tiene contra tantos que solo quieren coadyuvar al desarrollo de Cartagena.
El líder de la ciudad no le puede dar la espalda a las organizaciones sociales, y estas tienen que insistir en coadyuvar a que este saque adelante su plan de desarrollo.
El resto de ciudadanía no espera menos de unos y de otros.
