<img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&amp;c2=31822668&amp;cv=2.0&amp;cj=1">

Disminuir pronto las tarifas

“Si no se hace algo pronto, tal como lo señalan los citados expertos, los impactos en pobreza y producción industrial anticipan una situación insostenible”.

El Gobierno prometió que hoy viernes anunciará medidas para disminuir las tarifas de energía en el país, especialmente en la región Caribe, de conformidad con los acuerdos que se logren con la cadena de generación de la energía en el marco del ‘Pacto de justicia tarifaria’, que está promoviendo por gestión de la ministra de Minas.

Es de esperar que esto ocurra sin dilación, puesto que el malestar de la ciudadanía en la región Caribe está llegando a niveles de riesgosa exasperación, con sobrada razón.

Ver cómo se incrementan los precios por el consumo en hogares, instituciones, industrias y comercios, en algunos casos casi por el doble de lo que costaba hace solo un año, al tiempo de la subida del valor de alimentos y otros servicios sin que se ofrezcan alternativas para hacerles la vida más fácil a los ciudadanos justo cuando se anuncian alzas en el precio de combustibles, y a solo tres meses del inicio del cobro de mayores impuestos por la reforma tributaria, amerita la adopción de medidas extraordinarias que alivien las insoportables y, en muchos casos, impagables cuentas que están haciendo cada día más difícil llegar a fin de mes de manera decorosa.

Se sabe que el papel que deberá jugar la CREG en las soluciones temporales o definitivas es trascendental, y de su seno deberían surgir esas propuestas; de no ser así, es evidente que el presidente sustituirá esa voluntad con la suya a raíz de las normas sobre competencias de intervención presidencial en las comisiones de regulación.

Entre esas medidas pudiera acelerarse, por ejemplo –y como se viene proponiendo por reputados expertos–, que se autorice a las empresas distribuidoras de energía adoptar una opción tarifaria que permita reducir el impacto de esos incrementos para los usuarios.

Ya sabemos por diversas fuentes, incluidos los pronunciamientos más recientes, como los de Fundesarrollo y Frontier Economics Ltd, que la razón de las alzas en el Caribe se debió a la errática autorización para que se trasladara a los usuarios el cobro de las pérdidas y, tal como lo ha precisado aún más el ingeniero William Murra, las pérdidas no técnicas.

El aumento de esas tarifas tiene la infortunada coincidencia con el de la pobreza; entre octubre de 2020 y diciembre de 2021 más de 11 mil hogares cruzaron negativamente la línea de pobreza monetaria, y de estos la impresionante cifra del 39% está en el Caribe, justamente la región más afectada como consecuencia de las resoluciones especiales de la CREG.

Y si los hogares sufren estas penosas subidas, los sectores industrial y comercial no se quedan atrás, por lo que es inevitable que los mayores costos por producción de bienes y servicios se trasladen a los consumidores.

Si no se hace algo pronto, tal como lo señalan los citados expertos, los impactos en pobreza y producción industrial anticipan una situación económica y social inminente e insostenible en el Caribe.

Ver más de




Más noticias