En las últimas semanas hemos difundido noticias de las justificadas inconformidades que voceros de distintos corregimientos (unidades comuneras de gobierno rurales) han hecho llegar a esta casa periodística, que cuentan las penurias por las que atraviesan sus comunidades, pacientes del olvido estatal y de la indiferencia ciudadana.
Los habitantes de Punta Canoa, por ejemplo, se quejan del declive de las actividades turísticas, de la ausencia de escenarios deportivos, puesto de salud, parques o espacios de recreación y, más recientemente, del deplorable estado de la institución educativa oficial.
Caso semejante ocurre con Arroyo de Piedra, cuya Institución Educativa, a las puertas del regreso a clases, acusa mal estado, pero también reclaman atención en otros campos del quehacer de sus vidas, en salud, deporte, recreación, y otras necesidades individuales y colectivas.
En igual sentido se reciben quejas desde otros corregimientos, como Tierrabomba, Caño de Loro, Santa Ana, Arroyo Grande, sin excluir otros; o de veredas, como Zapatero y Puerto Rey.
Visitar nuestros corregimientos, veredas y caseríos produce desazón; a la par que se admira la capacidad de lucha de sus pobladores, así como los afanes por salir adelante y progresar, el deterioro de sus poblados es ostensible, y no puede evitarse la pregunta de si en las zonas rurales del Distrito ha pasado el tiempo.
El atraso y la pobreza deberían ofendernos a todos, sobre todo a la clase política, la Alcaldía y el Concejo. Y duele pensar que algunos de esos corregimientos están en mejores condiciones que otros, pero no por la gestión estatal, sino porque se afincan en estos, proyectos de grandes y medianas empresas privadas.
En efecto, a través de las consultas previas los consejos comunitarios logran inversiones en proyectos y obras que en otros países, donde no existen estos procesos, están a cargo del Estado.
En cierto sentido, la Consulta Previa, que tiene una inspiración noble, dirigida a proteger los valores culturales y patrimoniales de las minorías étnicas, ha traído parejo efectos que desdicen de la responsabilidad y la legitimidad de la institucionalidad pública, en la medida que la nación y los entes territoriales se libran de la presión de las comunidades rurales, en tanto las empresas privadas están obligadas a asumir el costo de programas e inversiones que originalmente debe satisfacer el Estado.
Esto pudiera explicar por qué los líderes comunitarios prefieren entenderse con los empresarios que con los políticos, y por qué los políticos culpan a dichas empresas por las falencias que reclaman las comunidades.
Está muy bien que la empresa privada pague un costo por generar riqueza; pero hacer reposar en esta la responsabilidad por el desarrollo de nuestras zonas rurales causa deslegitimidad del Estado en esos territorios.
