Si el viernes pasado la ciudad cerró el día consternada con la noticia de la captura de la concejala Gloria Estrada, quien supuestamente se movilizaba en un vehículo en el que presuntamente se encontró 1 kilo de clorhidrato de cocaína, armamento y dinero, ayer un hecho de no menor entidad colmó la capacidad de asombro de los cartageneros, cuando el contralor distrital encargado, Rafael Castillo Fortich, denunció en rueda de prensa que un grupo de personas se reunió para concertar los términos de su muerte.
Los hechos mencionados acusan una gravedad extrema independientemente de los resultados que arrojen las investigaciones y de si hay o no responsables, pues muestran un estado de degradación de la política regional que amerita un cambio profundo en el fondo y la manera como se está desarrollando.
Cabe aclarar, por supuesto, que en el primer caso, esto es, el de la captura de la presidenta del Concejo Distrital por supuesto porte o tráfico de estupefacientes, no procede formular juicios de valor concluyentes en la medida que, a la concejala Gloria Estrada le ampara la presunción de inocencia, máxime en este caso en el que aún no se ha resuelto su situación jurídica. Formular condenas o adoptar posiciones que partan del supuesto que es responsable de lo que se le acusa, es precipitado.
Siendo ello es así, dentro de las posibilidades del proceso penal no puede descartarse que el juez del asunto ordene su libertad sin disponer medidas preventivas o, incluso, desvelar la ocurrencia de circunstancias que exculpen de toda responsabilidad a la investigada.
Igual puede ocurrir con lo denunciado por el contralor encargado, en cuanto a que la justicia no halle méritos para investigar lo denunciado, por ausencia de pruebas.
Pero es que, a pesar de esas posibilidades, los hechos a los que se refieren estos dos desconcertantes eventos son enteramente sórdidos y alarmantes. Por un lado, si la concejala Estrada es inocente, lo cierto es que la autoridad policial indicó que encontró, en el auto en el que se transportaba, droga ilícita. Sea cual fuere el escenario, aun si hubo o no implantación fraudulenta del estupefaciente en el vehículo, el caso es extremadamente nauseabundo, pues muestra un entramado que supuso un grado de audacia criminal que no puede siquiera rozar a quien ostenta el cargo de presidente del Concejo Distrital, incluso si ella es inocente.
Y en el caso de Castillo Fortich, el que el contralor de Cartagena afirme sin ambages que “estamos en mano de unos criminales que han intervenido la política en la ciudad”, en el marco de la exposición del drama de sentirse amenazado en su existencia, no puede menos que significar que la corrupción en la ciudad ha mutado a unos extremos que ya encarnan el grado horrible de delitos de la más baja ralea, que nos habilitan para preguntar ¿en manos de quiénes estamos?
