Conforme con noticia que publicamos ayer, relacionada con el más reciente informe de derechos humanos realizado por la organización Caribe Afirmativo, correspondiente a 2022, Bolívar es el segundo departamento de la Costa Caribe con más casos de violencias contra personas LGBTIQ+.
De acuerdo con el estudio, hubo 124 víctimas de homicidios, feminicidios, amenazas, violencia policial, discriminación y hostigamientos. A Bolívar solo lo superó en ese periodo el departamento del Atlántico, donde se registraron 200 casos. A estos dos les siguieron Magdalena, con 89 víctimas; Córdoba, con 52; La Guajira, con 20; y Sucre, con 17.
La diferencia entre Bolívar y Sucre es enorme, y muestra que la región está muy mal en este sensible aspecto. De hecho, de las 124 víctimas en nuestro departamento, 2 casos corresponden a muertes violentas, 81 a amenazas, 4 a casos de violencia policial y 37 a casos de discriminación y hostigamiento.
Alienta en algo que en comparación con 2021 se redujo el número de homicidios y feminicidios, pero en cambio hubo incremento en amenazas, con lo cual, tal como lo infiere Caribe Afirmativo, las dinámicas de violencias se agudizan debido a la presencia de los actores armados ilegales.
De acuerdo con el informe, del total de 81 amenazas que se registraron en Bolívar, 15 fueron contra defensores de derechos humanos o servidores públicos LGBTIQ+.
Preocupan sobremanera las amenazas directas en zonas como los Montes de María, subregión en la que circularon panfletos amenazantes expresamente contra personas LGBTIQ+. Estos hechos prueban que, si ya es riesgoso ser defensor de derechos colectivos en nuestros territorios, ese peligro se incrementa cuando se trata de líderes o lideresas LGBTIQ+, lo que provoca sentencias tácitas de desplazamiento y otras formas de violencia física y moral.
Caribe Afirmativo ha propuesto a los gobiernos departamental y locales la revisión e implementación de estrategias concretas, dirigidas a promover los derechos humanos, singularmente de las personas LGBTIQ+; pero además poner en práctica políticas públicas que propicien la concientización sobre los derechos de estas comunidades y las individualidades que las integran, lo cual requiere de mayores y mejores campañas de respeto y acompañamiento, con programas que reconozcan los mínimos para una vida digna y libre de violencias.
Pero nada de esto será posible si no hay un acompañamiento de la sociedad civil. Si la comunidad en general no respeta los derechos de las personas LGBTIQ+, y no les brinda una apertura de corazón con el trato digno y humano que merecen, todo esfuerzo oficial será insuficiente.
Como los hechos violentos o de intolerancia suceden a diario, es inaplazable acciones inmediatas de protección por parte de las autoridades, los entes territoriales y la sociedad civil.