La semana pasada se celebraron cinco años de suscripción de los acuerdos de los representantes de las entonces denominadas Farc, de una parte, que posteriormente se dividió en dos grandes grupos (las disidencias –que optaron por continuar ejerciendo la violencia–, y por quienes creyeron que mediante el trabajo legítimo y pacífico podían insertarse en el sistema constitucional vigente); y de otra parte, la República de Colombia, antes de esa firma también dividida en al menos dos grandes grupos (los que habían votado por el sí y los del no).
Políticos y élites que manejan este país desde Bogotá se esforzaron por hacerle creer a los colombianos que la nación estaba dividida entre quienes creían en la paz y entre quienes la rechazaban. Ese ardid, producto del maquiavelismo que signa las estrategias de quienes por años han orientado el poder desde dentro del régimen, provocó que muy pocos colombianos no vivieran a plenitud el buen sabor de la firma de un acuerdo que se estuvo esperando por décadas.
A esos maestros de la manipulación les acompañó unas Farc cuyos dirigentes, posteriormente divididos entre quienes no soportaron dejar de delinquir por su naturaleza sustancialmente violenta, y los que se quedaron dentro del sistema político imperfecto que les abrió las puertas en el parlamento y demás instituciones estatales, pero que no han cumplido a cabalidad con el clausulado de los acuerdos, coadyuvaron a crear esa sensación de insatisfacción que sigue pesando entre buena parte de los colombianos.
Y allí vamos. Poco a poco los del sí ven que el Estado sigue empeñado en cumplir, por supuesto, con el consabido ritmo soporífero de las instituciones oficiales. Ya hasta el enemigo número uno del partido que gobierna, el expresidente Santos, líder del sí y de la negociación y firma de los acuerdos, reconoció que el gobierno central está oficiado en su cumplimiento.
Pero también mayoritariamente los del no saben que cumplir los acuerdos es el camino correcto; que el país debe honrar sus compromisos, pues fue el Estado colombiano y no el expresidente Santos, el que suscribió esos acuerdos; y que la comunidad internacional no le excusará a Colombia sustraerse, con lo cual insistir en que se desconozcan o se hagan trizas no pasa de ser un desahogo de quienes, con razón, se sienten engañados porque los resultados hasta ahora se asemejan más a incumplimiento que a su observancia.
Y es en esto en donde reside el quid de lo que está pasando. Una vez se firma un contrato debe distinguirse entre su celebración y su cumplimiento. A estas alturas de su desarrollo, y con la comunidad internacional cerrada alrededor del apoyo a los acuerdos, ya no tiene sentido discutir la validez de estos. De lo que se trata ahora es de hacerlos cumplir, y eso va no solo contra el Estado colombiano, del que ya hacen parte los voceros de las ex Farc (hoy Comunes), sino también a éstos.
