Con la caída del edificio Blas de Lezo II en abril de 2017 se desató la que es, quizás, la más grande tragedia urbana de Cartagena de los últimos tiempos.

Como las piezas de un dominó, una a una fueron cayendo todas las fichas de la historia: muertos, viudas, huérfanos, licencias falsas, constructores ilegales, funcionarios corruptos, capturas, edificios que no cumplen la norma técnica, estudios y toda una entramada de situaciones que hoy tienen en estado de victimización a más de 200 familias cartageneras.

Como en una película de terror, en cada escena la historia se enreda día a día más en su trama y trae consigo incertidumbre y dolor. El drama padecido por las familias desalojadas de las construcciones en riesgo de colapso, identificadas como construidas por el denominado ‘Clan Quiroz’, crece día a día. Y desplazados del sueño de tener casa propia, perseguidos por el sistema financiero y revictimizados por la Administración distrital. La única arma con la que cuentan es con el amparo que les otorgó un juez de control de garantías.

La orden judicial dispuso que a los integrantes de las familias se les brindara apoyo psicosocial. Muchos hogares se desintegraron agobiados por las deudas o distribuidos en casas de amigos y parientes. Se ordenó la realización de estudios técnicos a las edificaciones y, a pesar de haber invertido más de 4 mil millones en ello, la Alcaldía de Cartagena no ha tenido el valor de socializar el resultado de los estudios y mucho menos adoptar medidas para proteger los derechos de los propietarios. Se ordenó el pago de subsidios de arriendo y cada pago se convierte en un trámite burocrático que, en lo que va corrido del año, no acredita un solo desembolso.

Lo que parece ser un problema para un reducido número de familias es en realidad una de las problemáticas públicas más graves que tiene la ciudad y que nos afecta a todos. Es, entre otras, la consecuencia de por lo menos diez años de retraso en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, del irrespeto a las normas urbanísticas, de la falta de vigilancia y control a la construcción y del comportamiento de constructores irresponsables y funcionarios corruptos.

Hoy, después de casi tres años de vivir fuera de sus viviendas, las familias víctimas de la construcción ilegal se ven obligadas a salir a la calle a reclamar sus derechos, a pedir el cumplimiento de la orden judicial que los protege, a recordarle a la administración de justicia que su drama aún no termina, a pedir la solidaridad de la opinión pública y a exigirle a la Administración distrital que no los revictimice con el olvido.