El presidente electo Gustavo Petro se comprometió en campaña con todos los jóvenes del país, a garantizarles una educación superior pública y gratuita; incluso, a eliminar los exámenes de admisión para facilitar su ingreso. Esta propuesta –que de materializarse sería una verdadera revolución social– exige un análisis en lo cuantitativo y cualitativo, además de una valoración responsable de los deberes correlativos del Estado –señalados por nuestra jurisprudencia constitucional– en relación con la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del servicio educativo.
Lo cuantitativo involucra los deberes de asequibilidad u obligación de disponer de suficientes instituciones de educación superior para responder a la demanda, y de accesibilidad u obligación de garantizar la igualdad de oportunidades, así como brindar facilidad de acceso en lo geográfico y económico; por eso será importante precisar:
Primero: cuál es el criterio para determinar quién es joven, pues para la ONU lo son quienes tienen entre 15 y 24 años, y para el DANE los de 14 a 28 (que para el 2021 eran –aproximadamente– 12’500.000).
Segundo: cómo tener una infraestructura física y tecnológica y una planta docente acorde, debido a que, si la población actual de universitarios es de 2’500.000 aproximadamente, se requerirá quintuplicar lo que existe. El presidente electo señaló que cuesta billones, y lo pagarán los sectores más poderosos del país; la pregunta es: ¿cómo y cuándo?
Tercero: hay que aclarar qué pasará, por ejemplo, con los que tienen más de 28 años y quieren ingresar a la universidad, o quienes quieren estudiar lo mismo (Medicina, Derecho) o una segunda profesión, pues impedírselos es, a todas luces, una discriminación injustificada.
Cuarto: hay que pensar en la población rural, que además tiene sus propias problemáticas, porque las universidades se encuentran ubicadas en las grandes urbes. En este caso habría que pensar en sedes rurales, o eventualmente en garantizar conectividad y equipo para clases virtuales.
Lo cualitativo involucra los deberes de adaptabilidad u obligación del Estado para adecuar la educación a las necesidades particulares de los estudiantes, y de aceptabilidad u obligación de garantizar la calidad educativa.
Sin dudarlo, creo que este será el desafío más importante de esta propuesta, porque no tiene sentido ofrecer educación universitaria pública y gratuita si ésta no responde a los retos de un mundo como el presente: líquido (Bauman), cambiante, globalizado y digitalizado.
No es un secreto que, en su mayoría, las universidades públicas existentes son organizaciones más bien paquidérmicas, jerarquizadas y burocratizadas, conectadas con ideologías ya superadas y desconectadas de los desarrollos científicos y tecnológicos actuales. Tema este último que por razones de espacio desarrollaré próximamente.
*Profesor Universitario.
