A merced de la ilegalidad e informalidad en el transporte público, se encuentra el gremio del taxi en la ciudad de Cartagena, donde se tienen lamentablemente unos de los peores servicios públicos de transporte del país.
Muy a pesar de las reiteradas solicitudes a las autoridades, las directrices de la Supertransporte, no son atendidos, “no contamos con recursos para contrarrestar la ilegalidad, no tenemos grúas, no tenemos patios”.
Cartagena de Indias, patrimonio histórico de la humanidad, sitiada en un mundo de ilegalidad y la competencia desleal en el transporte público, ellos proliferan sin Dios ni ley, sin cumplir normas, sin sanciones, con riesgos y abusos para los usuarios. Son 14 empresas que pagan impuestos y 5.800 vehículos habilitados en esta modalidad, que debido al flagelo de la informalidad sin control, no alcanzan el 50% en la prestación del servicio, porque han sido desplazados por los vehículos piratas.
Como si se tratara de una pesadilla, en el Congreso se tramita el proyecto de Ley 003, que busca legalizar las plataformas tecnológicas para la prestación del servicio de transporte público en vehículos particulares.
Esto es la estocada final para acabar una agremiación de más de 7 décadas de la mancha amarilla, llevándose todo el fruto del trabajo del país, para las grandes multinacionales propietarias de estas plataformas tecnológicas.
Lo más absurdo, a pesar de los efectos altamente nocivos de este proyecto de ley en contra del gremio del taxi, que desaparecerían el cupo y las empresas de transporte, no se contempla ninguna reparación por este perjuicio irremediable.
Derechos constitucionales de la libertad económica, la iniciativa privada, la competencia con lealtad y de la responsabilidad que esto implica, con el proyecto de ley 003 han dejado de existir, condenando a su desaparición al gremio de taxis.
Empresas, propietarios, administradores y conductores, son los actores que conforman las distintas agremiaciones de taxis que hacen un llamado de SOS a las autoridades y al Congreso, para que archiven este nocivo proyecto de ley.
En especial al alcalde, Datt, a Mintransporte, Supertransporte, Mintrabajo, Ministerio Público, con la finalidad de que cumplan con las funciones que la Constitución y la Ley les otorgan para proteger las empresas legales como Estado.
Sus asociaciones de empresarios, sus organizaciones sindicales, apoyarán el paro nacional del 28 de abril del 2021, las marchas del 1 de mayo y el 3 de mayo realizarán movilizaciones exigiendo mesas de trabajo para soluciones definitivas.
*CUT BOLÍVAR.