“Tiene buen brazo”, es un halago característico del argot beisbolístico. Suele usarse para describir a un lanzador, pitcher para los anglosajones, que alcanza velocidades misilísticas con su “bola rápida”. En Cartagena, tierra por antonomasia de la pelota caliente, se presenta una controversia hace semanas por la escogencia de Plaza Mayor de Medellín, una empresa antioqueña, para que opere las fiestas novembrinas.
El director del IPCC, Óscar Uriza, reiteradamente ha explicado que dicha contratación se hizo bajo toda legalidad y prometió que la mano de obra local primará en los eventos culturales que conmemoran la independencia de esta ciudad. No obstante, para muchos detractores con, al parecer, una agenda política propia, los paisas vendrían siendo un Jim Abbott, ese recordado lanzador estadounidense que nació sin la mano derecha; pero que triunfó en las Grandes Ligas durante diez temporadas y que se retiró en 1999.
Para Abbott, su carencia física nunca fue un impedimento para triunfar. En 1988 en Seúl, lanzó el juego completo que EE. UU. ganó a Japón para ganar su primera medalla dorada en los juegos olímpicos. En el caso de los paisas, su origen no es causal para ser tachados, pues la contratación estatal no puede ser permeada por elementos subjetivos como el regionalismo, o la exaltación hacia determinado territorio, sino que debe atender a los fines del servicio público y la satisfacción de las necesidades e intereses de la comunidad.
No es correcto asumir que la contratación directa sea sinónimo de discrecionalidad absoluta, extralimitación o arbitrariedad por parte del IPCC. En toda modalidad de contratación, las entidades estatales están obligadas a acatar los principios que orientan la actividad contractual de la Administración, efectuando una selección que obedezca a criterios objetivos y con miras a la satisfacción del interés general.
Ello implica que de manera obligatoria debe tenerse en cuenta el principio de selección objetiva, según el cual la entidad contratante al momento de seleccionar al contratista, tiene prohibido acudir a factores de afecto o de interés particular y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
Desde antaño, la jurisprudencia nacional ha reconocido que el principio de selección objetiva, es aplicable no sólo a la licitación pública sino también a la contratación directa, de modo que el estudio que debió adelantar el IPCC, previo a realizar la espinosa contratación, debió estar orientado a verificar condiciones de capacidad, experiencia e idoneidad con el fin de que se garantice el cumplimiento del objeto del contrato, y no a razones de otra naturaleza.
Por consiguiente, resultan inconvenientes las manifestaciones de concejales al apelar a la identidad cultural o a un supuesto desconocimiento de la capacidad de trabajo de los cartageneros por parte del IPCC, para pretender que, sin más razones, el contrato de logística sea adjudicado bajo motivaciones regionalistas, lo cual sin lugar a dudas sí puede constituir un proceder ilegal por parte de la Administración, pues el único interés de esta debe ser elegir al contratista idóneo.
Las voces de críticas y reproches hacia la contratación de Plaza Mayor en vez de constituir una defensa a Cartagena y los cartageneros, pueden terminar apuntando a entorpecer el procedimiento de contratación ya realizado y el normal desarrollo de las festividades, en detrimento de la comunidad. Ello no implica que no se ejerza un riguroso control ciudadano con el fin de vigilar cualquier clase de irregularidad o de incumplimiento por parte de la sociedad contratada, pues hasta los doctores se enferman y los beisbolistas quedan fuera de base.
Bajo este panorama, solo resta dar un voto de confianza a la selección de los antioqueños, pues si tienen buen brazo logístico, financiero y jurídico, que tiren las bolsitas de agua. Esa costumbre característica, ilegal o no, en medio de las fiestas de los cartageneros.
*Abogado.
