Las penas continuamente aplicadas en Colombia han sobrepasado por mucho el límite de la legalidad.
El pasado septiembre, Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2016 y 2022, discutió en la UTB con estudiantes, docentes y funcionarios judiciales el paradigma de –precisamente– la pena ilícita, entendida como aquellas conductas antijurídicas imputables a los funcionarios policiales o penitenciarios. La discusión giró alrededor de una idea: si la ejecución de la sanción privativa de la libertad se da en condiciones que atentan contra la dignidad humana y sin los requisitos mínimos de la Constitución Política, es tarea de los administradores de justicia contener la pena dentro de sus límites legales.
Paradójico es que, mientras se hablaba del tema, en la estación de policía de Chambacú se denunciaba la realidad del sistema penal colombiano. Con la aquiescencia de las autoridades de custodia, algunos internos fueron sometidos a empalamientos, torturas y otros atentados contra su vida e integridad personal. Una verdadera “fiesta del terror”.
En Colombia los ejemplos pululan: en uno de los Centros de Detención Transitoria de Riohacha se vive un hacinamiento de cerca de 2.000%; en Medellín un detenido en situación de discapacidad padece de infecciones, úlceras y tuberculosis, mientras duerme en un pasillo recubierto de orines y sin recibir la debida atención médica; y en Bogotá un sujeto sindicado de violación a una adolescente fue asesinado en su celda a patadas, una pena de muerte aplicada sin contemplación.
Este tipo de noticias han recorrido las páginas de periódicos y espacios de difusión virtual por años. No obstante, las respuestas sociales e institucionales son preocupantemente tímidas. Un espíritu vindicativo pareciera recorrer buena parte de la comunidad al considerar al seleccionado por el sistema penal como una bestia que debe ser castigada con severidad. Los discursos de “mano dura” siguen siendo extremadamente populares. Es por ese motivo que un hecho tan cruel y escandaloso, como una violación con un palo de escoba, no causa tanto estupor si se comete contra un reo.
Parafraseando al profesor Zaffaroni: “El legislador puede hacer muchas cosas, lo que no podrá será decir que lo doloroso no duele”. Sus palabras siguen siendo inspiradoras y siguen estando más vigentes que nunca.
No cabe duda, entonces, que será siempre necesario recordar un simple pero poderoso cuestionamiento: ¿cómo nos gustarían que nos trataran si el derecho penal llega a tocar a nuestra puerta?
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Profesor de la Facultad de Derecho, UTB.
