El 20 de septiembre se inician las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia, dentro de la demanda de Nicaragua contra Colombia por supuestas violaciones de sus derechos. Para su defensa, el Gobierno cuenta con internacionalistas de primer nivel, que ya plantearon sus argumentos; sin embargo, en agosto convocó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para informarle quizás, que no para consultarle sobre la defensa, pues ese proceso ya se surtió y, además, en asuntos tan estratégicos una defensa no se construye en dos semanas. Creo que el Gobierno no quería repetir lo sucedido en 2020, cuando fue obligado a convocarla por el Consejo de Estado, en otro episodio del “gobierno de los jueces”.
Dos acotaciones: la primera, que ojalá Colombia esté preparada para esa etapa de cierre, no solo porque en 2012 perdimos el 40% del mar territorial y el país no resistiría otro golpe, sino porque el demandante es un dictador bolivariano y, por ello, el pleito es importante para el Socialismo del siglo XXI y el comunismo, con Rusia y China en Venezuela y atentos al vecindario de Estados Unidos, como en la Guerra Fría.
La segunda tiene que ver con la Comisión. Más allá de los pleitos entre expresidentes, de la falta de sentido de oportunidad del Gobierno, o de su intención de evitar otra intromisión de los jueces, el problema es la comisión, que ya no responde a su cometido.
Nacida en 1912, tras el descalabro de Panamá, contó con grandes internacionalistas, como Alfonso López, Alfredo Vásquez, Germán Zea, Indalecio Liévano y Diego Uribe, y hasta 1982, cuando entraron los expresidentes, estaba conformada solo por congresistas.
En 1991, con esa tendencia a elevar todo a “rango constitucional”, hasta un Acuerdo dizque de Paz, firmado con narcoterroristas, la vieja y muy importante Comisión, aunque solo pueda aconsejar al presidente, fue también elevada a rango constitucional.
Hoy, con facultades de Relaciones Internacionales y estudiosos de la diplomacia, el Derecho Internacional y las relaciones exteriores, temas a los que hoy se suman el comercio exterior, los Derechos Humanos y el DIH, pues la Comisión debe ser otra.
Lo digo con respeto por su experiencia, pero un expresidente, por el solo hecho de serlo, no es un experto, aunque algunos lo sean; y un congresista tampoco, solo por estar en la Comisión Segunda.
A la Comisión hay que “desconstitucionalizarla” y restarle peso a lo político, para sumarle a lo académico, con expertos en Derecho Internacional y en relaciones internacionales. Sería una Comisión más útil en los tiempos que corren.
Mientras tanto... ¡Ojo con Nicaragua!, un enemigo peligroso.
*Presidente Ejecutivo de Fedegán.
