El carro posee un registro civil de nacimiento con el numero DRP-37435 del 29 de enero de 1886. Esa fue la referencia de la patente de la oficina alemana de Berlín que recibió el ingeniero alemán Carl Benz cuando oficializó, en los tiempos del vapor, el primer vehículo con un motor que quemaba el aire con ayuda de la gasolina. Desde entonces, su producción y modernización ha acelerado sin cesar hasta nuestros días.
Tanto fue el impacto de los carros para el mundo, que las ciudades empezaron a diseñarse y regularse alrededor del transporte motorizado - incluso poniéndolo por encima de la persona-, surgiendo las grandes autopistas en Europa y los modelos criticados de urbanismo que apoyaban estos diseños en el siglo XIX.
El desborde en la producción y utilización de los automóviles, ha generado la necesidad de crear un sin número de regulaciones para mitigar los efectos segundarios que conlleva tener un parque automotor robusto. Colombia, por ejemplo, tiene una normatividad abstracta contenida entre otros, en el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código Nacional de Tránsito Terrestre, pero estas normas, no regulan todas las implicaciones que tiene el uso de los motorizados sobre las ciudades, por ejemplo, el estacionamiento en las vías públicas.
La protección de la integridad del espacio publico y su destinación al uso común por parte del Estado, es desde la Constitución Política de 1991 un derecho colectivo que le garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de usar y disfrutar dichos espacios. Por ello, las autoridades públicas deben velar por la protección de las áreas destinadas a la circulación tanto peatonal como vehicular, como elemento constitutivo del espacio público.
Comparando ciudades como Bogotá y Madrid, las cuales tienen aproximadamente 7.130 millones de habitantes y 3.200 millones respectivamente, en Bogotá se imponen solamente alrededor de 300 mil multas por año por mal estacionamiento y, en Madrid, se imponen hasta 6 millones al año. Lo anterior, pone de manifiesto la falta de control de las autoridades, haciendo necesario reforzar su operación.
Según la Encuesta de Movilidad del 2019, en Bogotá y sus municipios colindantes, hay más de 1,2 millones de vehículos particulares (automóvil, campero/camioneta, van, etc.), 500 mil motocicletas y más de 1,8 millones de bicicletas, por lo que el sistema de estacionamiento público en vía y fuera de ella juega un papel fundamental en la movilidad de la ciudad región, por lo que surge la siguiente pregunta: ¿Dónde estacionar esta cantidad de vehículos?
Adentrándome en la situación actual de muchas ciudades capitales colombianas, pude evidenciar la falta de regulación y la permisividad para estacionar sobre la vía pública, lo que se ha traducido en un caos que afecta no solamente el derecho colectivo mencionado, sino también el orden urbanístico y social.
En el País, gran parte de las políticas en temas de movilidad, se centran en desincentivar el transporte privado, incentivar el transporte público y promover los medios de transporte alternativo, pero, no existe nada concreto respecto al estacionamiento en las vías públicas, siendo el sector privado el que gesta la mayoría de proyectos tentadores en estos temas, que lastimosamente no encuentran asidero por la falta de políticas y normas locales que permitan ejecutarlos. Es por ello que, a mi juicio, esto debe convertirse en una política publica que debe ser regulada posteriormente por los entes territoriales en sus Planes de Ordenamiento Territorial y reglamentada vía acuerdo o decreto.
Propuestas como la construcción de edificios públicos/privados de parqueaderos, o el uso de la tecnología para la gestión de la demanda de transporte, con un sistema de parquímetros inteligentes y con pagos automatizados, se presentan como solución para coadyuvar al mejoramiento de la movilidad, mejorar la calidad del servicio de estacionamientos públicos, recuperar el espacio público y mejorar la disponibilidad. Además, servirían para realizar control del mal parqueo, producir información y datos en tiempo real para los usuarios y para las autoridades, en pro de una mejor gestión de la movilidad.
Partiendo de estas propuestas, el estacionamiento en vía pública y su cobro, se debe presentar como un mecanismo para que los entes territoriales lo incorporen dentro de las estrategias de planificación urbana, con el fin de captar y financiar el mantenimiento y crecimiento del transporte público masivo.
A propósito de Transcaribe -el transporte público masivo de Cartagena-, este mecanismo de financiación podría servir como solución a la problemática por la que hoy atraviesa y que tiene en jaque su operación. Además, mejoraría el inconveniente urbanístico y de movilidad en la ciudad, causado por la falta de orden y reglamentaciones de los estacionamientos en vía pública. Se podría empezar, por ejemplo, con un piloto en su Centro Histórico, lugar que cada día se ve más afectado por esta problemática.
Cartagena es el corazón turístico y patrimonial de nuestro país. Así como las arterias coronarias suministran sangre, oxígeno y nutrientes al corazón humano, las vías de las urbes cumplen la función de permitir la movilidad de los ciudadanos quienes le dan vida a las ciudades. Evitemos que Cartagena y las ciudades del país se infarten, evitemos la acumulación de carros que estrechan sus arterias y disminuyen el flujo de los habitantes; mediquemos a las ciudades con buenas políticas y reglamentaciones.
