Una de las desventajas de las estadísticas es que tienden a uniformizar situaciones que en la realidad son muy desiguales, o excluye poblaciones, que en muchos casos presentan condiciones peores que las que se describen. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con los corregimientos y veredas de Cartagena, que, con pocas excepciones, están por fuera de los registros o de las mediciones que con regularidad se hacen.
Ello por sí solo es delicado, pero se convierte en grave cuando sobre esas mediciones se toman decisiones de políticas públicas, cuando se decide la orientación de recursos o se priorizan algunas obras.
Parte de los problemas que tenemos en Cartagena, en especial desde el sector público y de la sociedad civil, es la histórica invisibilización de estas poblaciones, fenómeno que está asociado con patrones históricos de exclusión, fragmentación y segregación, tanto social como espacial, que venimos arrastrando desde la Colonia.
Todos los corregimientos y veredas de Cartagena tienen dos grandes condiciones. De una parte, un enorme potencial en recursos naturales, ambientales o paisajísticos, ya sea los asentados en la Zona Norte o en las islas de Tierrabomba y Barú, potencial que también podríamos llamar capital natural, ambiental y en especial cultural de esas manifestaciones de cultura inmaterial, como también material. Por otro lado, con todo ese legado que ha estado oculto como son el conjunto de fábricas que durante unos tres siglos fueron los lugares de donde provinieron los materiales o materias primas para construir ese legado arquitectónico que hoy se constituye en la fuente del turismo internacional por la ciudad.
La segunda condición de nuestras poblaciones rurales e insulares son las enormes carencias en lo que podríamos llamar capital institucional o comunitario (centros culturales, bibliotecas, salones comunitarios, instalaciones y canchas deportivas), capital físico (como acueducto, alcantarillado, vías pavimentadas o en buen estado, equipamiento público, para la recreación y el uso del tiempo libre) y así un largo etcétera; pero lo más grave o apremiante son los elevados niveles de pobreza, medido por cualquier indicador.
Si en Cartagena aún se habla de reactivación económica, del 75% de familias que no consumen sus tres comidas al día, e informalidad por encima del 60%, ¿cuál será entonces la situación real de cerca de ese 75% de población rural que históricamente ha vivido en condiciones de pobreza y que ahora, después de 18 meses de pandemia, no tiene las oportunidades que se consolidaban hasta el 2019? Todo esto sin considerar los problemas locales que viene afectando a algunos, como el peaje de Marahuaco y su impacto en las comunidades más al norte del mismo, o las de las islas con problemas sin resolver como el acceso a un transporte digno y eficiente. Este es otro frente que demanda una atención prioritaria y preferencial de todo el sector público.
*Sociólogo.
