La legislación es el comienzo para decidir, en la gestión gubernamental y corresponsabilidad civil, mediante ejercicios de participación ciudadana con tributo en resolver problemas y desarrollo socioeconómico sostenible, siendo necesaria la voluntad política para lograrlo. Decretos 1077 de 2015 y 596 de 2016, relacionan la obligatoriedad municipal en formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, separación, recolección separada y transporte; Resolución 2184 de 2019, la cual rige desde enero de 2021, adopta el código de colores blanco, negro y verde para separar e identificar los residuos en la fuente. Con interés nacional y mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible combinan erradicar pobreza, crecimiento económico sostenible y defensa ambiental; en Cartagena existen estudios publicados, números y diagnósticos relacionados con pobreza y desempleo, situación empeorada como efecto de pandemia; también existe la Ley 2038 de 2020, la cual crea el Fondo de Sustentabilidad pro Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el año 2033, cotejado con proyectos de investigación relacionados con datos sobre generación y probable aprovechamiento de diversos residuos sólidos. En contraste y evidencia basada en la observación, están los lugares de miseria mostrando pobreza extrema y basureros satélite en cualquier barrio.
La pobreza causa hambre y se sacia con mercado, pero la pobreza continúa y se combate con capacitación y empleo formal, generador de tributos en un círculo virtuoso motor de desarrollo económico. Además de legislación, existen suficientes postulados y estudios, solo falta voluntad política para diseñar e implementar un programa de participación ciudadana, con deber de separar los residuos sólidos desde los hogares y otras fuentes, acción civil responsable para entrega, recolección y destino a unidades transformadoras de residuos sólidos, industrias con empleados formales dedicadas a diversos procesos con misión de producir materias primas y productos a partir de los residuos sólidos aprovechables, logrando su incorporación a la cadena productiva e integrando, erradicar pobreza y defender el ambiente, evidencia de una legislación que pasa de ser un documento para convertirse en una buena práctica, un ejercicio de participación ciudadana con trabajo y beneficio colectivo, para impactar en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, quienes dejarán de ser habitantes para ser ciudadanos porque conocen, se involucran y participan en la resolución de sus problemas.
*Profesora Universidad de Cartagena.
