Es entendible que todo proyecto, por muy bien estructurado que esté, siempre presentará detalles que deberán ser corregidos, sobre la marcha, para llevarlo a feliz término. En tal caso se debe contar con un equipo bien conformado, no solo por el diseñador, sino por la interventoría y asesores externos de la entidad contratante, quienes deben tener, además de una buena formación académica, la experiencia suficiente para detectar y alertar a los constructores sobre las posibles deficiencias de un diseño y más cuando se sabe que este fue hecho sin interventoría.
En el caso de la protección costera estamos mostrando un solo responsable, la Universidad de Cartagena, como diseñadora. ¿Se sabe cuál ha sido el papel de AIDCON Ltda., empresa barranquillera a la cual se le adjudicó la interventoría? ¿Se conoce algún concepto de esta empresa que alertara sobre las posibles falencias del diseño? ¿Conoce esta empresa sus responsabilidades por las omisiones en su papel como interventora? ¿O simplemente el alcance de su contrato era el de medir los volúmenes de piedra, material dragado, firmar actas y cuentas del contratista y facturar sus honorarios? ¿Quiénes actuaron como expertos de parte del Departamento de Valorización Distrital? ¿Pudo el perito de la Dimar, a través del CIOH, haber detectado posibles falencias del diseño?
Conocida la importancia y magnitud de la obra que se iba a emprender, con el antecedente de que los estudios no tuvieron interventoría, se debió convocar un comité de expertos que pudiera prever los efectos de erosión y sedimentación esperados relacionados con la deriva litoral; efectos de la energía eólica y comportamiento estadístico de la morfología de la costa Caribe en los últimos 40 años como mínimo, etc.
El concepto de Jurgen Nieuwenhoven, representante en Colombia de la firma holandesa Van Oord Dredging Contractor, debió prender las alarmas cuando, en declaraciones, ampliamente difundidas, manifestó que el proyecto de la protección costera, tal como estaba concebido, no era viable y por lo tanto retiraban su interés de participar en el concurso para su construcción.
Otros inconvenientes se relacionan con un presupuesto inicial, en 2017, de $160.000 millones, que debió cubrir todo el borde costero desde el espolón Iribarren hasta el túnel de Crespo, 7,5 kilómetros, como reza en la licencia ambiental; adiciones al presupuesto por no haber tenido en cuenta la solución a los drenajes pluviales; ampliaciones, suspensiones de términos y aclaraciones en el proceso licitatorio e inicio de las obras, todo esto manejado por la Ungrd y el DAVD asesorado por el diseñador a quien se le pagan honorarios al igual que al perito de la Dimar. En estas condiciones no se sabrá nunca cuánto terminará costando este proyecto. Imposible sacarlo delante de esta forma.
*Ingeniero Civil y Sanitario.