La Casa de Nariño, sede del gobierno de la República, está inmersa en una crisis interna tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de que Laura Sarabia, jefa de Gabinete; y Armando Benedetti, embajador en Venezuela, no seguirán en sus cargos. Esta decisión surge a raíz de un escándalo reciente en el que se acusa a Laura de utilizar su posición de poder para intentar recuperar una suma de dinero que supuestamente le robaron. Una de las acusadas fue la exniñera de su hijo, quien fue sometida al polígrafo y tuvo su teléfono interceptado ilegalmente.
Resulta llamativo que Armando Benedetti haya tenido un papel relevante en la divulgación de esta situación. Citó a la exniñera a Venezuela unos días antes de que la revista Semana publicara la historia del polígrafo (aún no queda claro quién le pagó el costosísimo vuelo privado a la exniñera).
Especulaciones indican que Benedetti, quien inicialmente recomendó a Laura para su nombramiento en el gobierno de Petro porque antes trabajó con él, se habría sentido relegado debido a la creciente confianza que ella ganó con el presidente, al punto de no rendirle cuentas a Benedetti. Esta situación habría deteriorado la relación entre ambos y se cree que Benedetti influyó para que el escándalo se hiciera público.
Para rematar, destacados periodistas han mencionado que Maduro no quería a Benedetti como embajador en el país vecino, lo que habría causado una frustración adicional en él. Incluso se ha señalado que Benedetti habría solicitado al presidente Petro el Ministerio de Defensa, una petición que fue rechazada por el mandatario.
Ante esta compleja situación, Gustavo Petro se vio en la necesidad de prescindir de ambos funcionarios, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Esta decisión refleja una respuesta directa a la crisis interna y busca mantener la estabilidad de un gobierno que también ha cambiado algunos ministros no por incompetentes, sino por “desleales”.
Este escenario plantea interrogantes sobre el ambiente y la toma de decisiones en la Casa de Nariño. La utilización de recursos como el polígrafo y las chuzadas de teléfonos son acciones cuestionables desde una perspectiva ética y legal. Además, la presencia de conflictos personales y políticos en la toma de decisiones puede afectar la gobernabilidad y la imagen del gobierno ante la opinión pública.
Es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La confianza en las instituciones y en el Ejecutivo es crucial para el correcto funcionamiento de un país.
Adenda: Según la encuesta de Invamer, la aprobación del presidente ha caído del 50% en noviembre de 2022 al 33,8% en mayo de este año. Estos números reflejan una pérdida significativa de respaldo popular en un corto período de tiempo. Más escucha-acción y menos confrontaciones en Twitter le ayudarían mucho a él y al país.
