No quisiera aparecer como descubridor del agua tibia, como dice un adagio popular, al tener que referirme, nuevamente, al tema de moda en Cartagena como lo es el estado del puente Las Palmas y toda la barahúnda que se ha formado alrededor de este espinoso asunto que tiene en jaque a la administración distrital y que su Junta Directiva, el Concejo, está aprovechando para ahondar la brecha de las estrechas relaciones con el ejecutivo sin que se planteen soluciones de fondo, por desconocimiento o negligencia tanto del uno como del otro; mientras la comunidad del barrio de Manga y la ciudadanía, en general, sufren las consecuencias de decisiones tomadas a la ligera.
La administración distrital puede hacer uso de una herramienta legal como lo es el Artículo 42 de la Ley 80 de 1993. De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos.
La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo y autoriza al organismo o entidad estatal correspondiente a hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro de su presupuesto.
En la reunión de la audiencia pública promovida por el Concejo de Cartagena en el parque Lácides Segovia de Manga, que resultó un intento fallido de resolver la situación, el secretario de Infraestructura dio algunas declaraciones que apuntan a que la solución para esta situación se daría en un plazo de cien días dentro de los cuales se necesitan cuarenta y cinco para el proceso licitatorio. No se entiende cómo el alcalde, el secretario de Infraestructura y el Concejo teniendo las herramientas legales, en sus manos, no aúnan esfuerzos en bien de la ciudad.
Cosa que no debemos olvidar, motivo de preocupación, es la reparación de la malla vial, licitada con todos los términos de ley desde febrero y aún las obras no arrancan. El deterioro sufrido por las lluvias han caído y las que caerán, las obras terminarán costando mucho más. El monto agotable no va a alcanzar y necesitará ser reajustado.
P.D. Cuando se planteó el megaproyecto de la protección costera, en el año 2017, se hizo bajo la figura de la “Calamidad Pública” con la esperanza que este saldría adelante en un abrir y cerrar de ojos. Han pasado cuatro años y todo sigue igual.
*Ingeniero Civil y Sanitario.
