La Contraloría General archivó el proceso que la Contraloría de Cartagena le había abierto al alcalde William Dau. Con esa investigación en curso por presuntas irregularidades en un contrato de pruebas Covid-19, Dau podía ser suspendido de su cargo.
Tras revisar el contrato y las acciones de la Contraloría de Cartagena, la Auditoría General (que investiga a las contralorías en Colombia) encontró que la oficina de La Heroica había pedido la suspensión del alcalde basándose en “un fundamento erróneo”.
Con este pronunciamiento no sólo se cayó la orden de suspensión de Dau, sino que además Johana Bueno, directora del Dadis (entidad a cargo de la salud distrital), regresó a su cargo el 13 de septiembre. Más allá de estos hechos, la decisión a favor de Dau deja al menos tres mensajes políticos.
El primero de ellos es que Dau les ganó una batalla a sus contradictores políticos, varios con cuotas en la Contraloría local y con quienes se enfrenta desde antes de posesionarse como alcalde: cuando era veedor, los denunciaba a través de las redes sociales (muchas veces, sin pruebas).
El segundo mensaje que deja la investigación archivada es que la Contraloría Distrital puede ser más política que técnica. Esta oficina tiene serias deficiencias para hacer control fiscal y la investigación por el contrato de las pruebas Covid-19 así lo muestra.
De hecho, Dau la ha señalado en reiteradas ocasiones como una organización que la clase política bolivarense usa para presionar a los funcionarios del Gobierno Distrital a cambio de contratos o burocracia.
Ese manejo político –que ha sido documentado en varias contralorías de otras regiones de Colombia– salió a flote en abril pasado, durante un cruce verbal sostenido por los concejales Óscar Marín (Conservador) y Carlos Barrios (Cambio Radical) en una sesión plenaria.
A ese panorama se suma una investigación de la Corte Suprema de Justicia, que involucra al senador liberal Lidio García con las irregularidades en la elección, en 2016, de la contralora Nubia Fontalvo. Gracias a ese posible entramado, García pudo “manejar a su antojo el poder burocrático y de control fiscal” de la Contraloría, publicó El Espectador. Señalamientos que él niega.
Y el tercer mensaje de la decisión de Bogotá es una bocanada para el gobierno de Dau en tiempos de crisis. Los hallazgos de la Auditoría y de la Contraloría General llegan en medio de cuestionamientos masivos por el deterioro de la calidad de vida cartagenera y pocas obras de alto impacto los últimos tres años.
Un informe reciente de Cartagena Cómo Vamos muestra que en Cartagena son más los desafíos y retos que los avances. Si bien algunos indicadores son históricos y se agudizaron con la cuarentena por coronavirus, otros son responsabilidad directa del actual gobierno.
*Cofundadora de La Contratopedia Caribe
