La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció, la semana pasada, una sanción por $3.106 millones a 51 agentes de mercado y 19 personas naturales que violaron la libre competencia en 259 procesos de selección adelantados por Cardique, autoridad ambiental de Bolívar.
La SIC encontró colusión en esos contratos, que buscaban la relimpia y el mantenimiento de canales, arroyos y otras cuencas hidrográficas de Bolívar. También el mantenimiento y reforzamiento de los jarillones en 21 municipios.
La colusión es una práctica en la que empresas acuerdan ciertos precios para incrementar sus beneficios y asegurarse los contratos en detrimento de otras firmas y de la libre competencia. Por eso, la SIC sancionó a seis funcionarios y exfuncionarios de Cardique, quienes “habrían facilitado y tolerado las conductas anticompetitivas” a favor de quienes participaban como proponentes. Entre esos sancionados está Ángelo Bacci Hernández, actual director de la entidad.
La sanción de la SIC partió de los resultados de una auditoría de la Contraloría General en 2017, que resaltó “la ausencia de planeación y de selección objetiva” en los procesos convocados por Cardique en 2016, “situación que presuntamente habría generado una indebida ejecución de los contratos y, por tanto, una posible malversación de los recursos públicos”.
Por esos contratos, la Fiscalía les imputó cargos en 2018 a los funcionarios Olaff Puello, Katherine Martelo, Saray Hernández y Dalis Esther Herrera, y a los contratistas Freddy Rodgers y Bernabé Maldonado.
Esa misma auditoría de la Contraloría arrojó que no había fundamentos jurídicos ni técnicos para que Cardique celebrara en 2007 un contrato con el Consorcio Ciénaga de la Virgen, por $33.259 millones.
Según los hallazgos de esa auditoría, ese contrato terminó siendo fallido porque el ente señaló una desconexión entre los trabajos supuestamente hechos en el cuerpo de agua y los diseños contemplados en los pliegos de licitación, aunado al nulo monitoreo de Cardique.
Por parte de esos hallazgos, el ente de control inició un proceso de responsabilidad fiscal por $7.548 millones que involucró a funcionarios de Cardique y al consorcio contratista. En diciembre de 2021, la Contraloría archivó el proceso, decisión que ratificó en febrero pasado.
La empresa AGM Desarrollos SAS (antes Hilsaca Construcciones) tuvo participación mayoritaria en el consorcio. Se trata de una firma que hoy pertenece a la familia del investigado empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, a quien en Cartagena desde hace más de 20 años consideran el poder determinante de lo que pasa en Cardique.
Hilsaca fundó esa sociedad en 1993 en Magangué y la ayudó a consolidar como una megacontratista estatal. Fungió como su representante legal.
Posteriormente, cedió su participación accionaria y hoy los accionistas son sus cuatro hijos Alfonso Hilsaca Acosta, Gabriel Elías Hilsaca Acosta, Melissa Andrea Hilsaca Acosta y Nicolás de Jesús Hilsaca Acosta; Clara Acosta Hernández y Henta Inversiones Ltda. La representación legal actualmente está en manos de Haroldo José Rivero Santoya.
Los vasos comunicantes de Hilsaca con quienes han ocupado puestos clave en Cardique han sido una constante durante las últimas dos décadas.
Pese a ser la autoridad ambiental en 20 de los 46 municipios de Bolívar y tener incidencia en Cartagena, Cardique es más reconocida por el influjo de la corrupción casi desde su fundación que por su proceder técnico. Su listado de cuestionamientos es cada vez más largo y la reciente sanción de la SIC, por prácticas ilegales, solo llegó a confirmar la sabiduría popular.
Nota del editor: Esta columna fue actualizada después de su publicación con datos de un auto de la Contraloría, enviado por la empresa AGM Desarrollo SAS a la columnista, el 21 de octubre de 2022, y cuya consulta no es pública. En dicho documento, el ente de control resuelve archivarle a esta empresa un proceso de responsabilidad fiscal que la involucró por el contrato de recuperación de la Ciénaga de la Virgen tras los hallazgos de una auditoría de 2017.
También se actualizó en esta columna, por petición enviada por Alfonso Hilsaca Eljaude, el 18 de octubre de 2022, la propiedad de AGM Desarrollo SAS. Hilsaca fundó esa empresa en 1993, en Magangué, pero las acciones hoy le pertenecen a personas de su familia y él ya no figura como su representante legal, accionista ni miembro de la junta directiva.