Como nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria Uribe deberá enfrentar grandes desafíos que tiene Colombia en esta materia. Sin agotar la lista de sus necesidades, el país debe elevar la calidad educativa y reducir las brechas existentes, mejorar la formación académica de los docentes, aumentar el acceso a la educación y atacar los problemas atinentes a la infraestructura inadecuada. Sin duda, todas estas demandas exigen más inversión y mayor eficiencia en el uso de recursos.
Señales de que la calidad educativa en Colombia viene en picada reposan sobre las pruebas que presentan los estudiantes en sus últimos años de colegiatura. En las pruebas PISA, un examen estandarizado internacional que mide el desarrollo de las habilidades y conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias, los estudiantes colombianos obtuvieron en 2018 puntajes de 412, 391 y 413, respectivamente. Estos resultados no solo fueron menores que los del promedio de países pertenecientes a la OCDE, sino también inferiores a los de países referentes de la región, como Chile y México.
En las pruebas nacionales la historia no es muy distinta. En 2021, el puntaje promedio en las pruebas Saber11 (del ICFES) fue de 250, 14 puntos menos que el registro de 2016 (año a partir del cual este puntaje no ha hecho más que descender). Este retroceso en el aprendizaje va más allá de los efectos de la pandemia por COVID-19.
Los sistemas educativos con más alto desempeño en el mundo muestran que una educación de calidad depende en buena parte de la calidad de sus profesores. Por esta razón, el país debe seguir apostando por elevar la formación de alta calidad de maestros y docentes. Además de estudios de maestría y doctorado, también se deben orientar las inversiones hacia cursos que fortalezcan, por una parte, las habilidades en el diseño y uso de estrategias de enseñanza y creación de ambientes de aprendizaje; y, por otra, las habilidades socioemocionales tanto de estudiantes como de docentes.
Avanzar en esta materia requiere unir esfuerzos de los gobiernos, de la académica, del sector productivo y de la sociedad civil.
La educación como prioridad en el presupuesto nacional, una oferta de posgrados pertinente y más ajustada a las nuevas realidades, proyectos de intervención en instituciones educativas, diálogos abiertos y profundos sobre las necesidades de los diversos sectores, y una sociedad civil organizada, son la base para pensar la educación como un derecho fundamental que el país, en cabeza del nuevo ministro, debe garantizar.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Decano de la Facultad de Educación, UTB.
