El mototaxismo, como otras formas de trabajo informal, son consecuencias de la inequidad, la injusticia social, corrupción institucional, ausencia del Estado, que ha generado el rebusque como forma de vida, produciendo resultados catastróficos, condenándolos a vivir en los mínimos, en la pobreza crónica, ellos, sus presentes y futuras generaciones. Cuanta indolencia estatal.
La economía informal, el mototaxismo es apenas, consecuencia de esas realidades, cuyos estudios han determinado que esta forma especial de adquirir el minino vital, es producto de las carencias que vive la sociedad colombiana, desempleo, faltas de oportunidades e ingresos, para decir los menos, como en la ciudad de Cartagena, ciudad desigual, excluyente y racista. La respuesta institucional de este estado de cosas, no puede ser, reducirles el mínimo vital, por el contrario, la obligación del Estado, es elevar sus niveles de vida, y de todos los habitantes de Cartagena.
En ese orden, consideramos que estos problemas, no deberían ser tratados bajo esquemas represivos, utilizando, solo la razón de la fuerza, sino, la fuerza de la razón, que debe privilegiar soluciones conciliadas y no, hechos confrontacionales, como está aconteciendo, por cuenta de la limitación de la libertad de movilidad a los motociclistas en una de las avenidas que conecta gran parte de la ciudad con los sectores residenciales y zonas comerciales. Vaya forma, de combatir la pobreza histórica y crónica a que han sido sentenciados muchísimos cartageneros.
Las circunstancias desafortunadas vividas el pasado 28 de febrero de 2022, en Cartagena, por ocasión de las protestas de los mototaxistas, ameritan, reflexiones que generen acciones planeadas aún en la urgencia, para plantear soluciones negociadas, que impliquen ir a la génesis, a las causas originarias y complejidades del problema, para buscar soluciones de fondo, integrales y estructurales, que garanticen una vida digna. Es un proceso, lo entendemos, pero debe iniciarse.
El Estado Distrito, debe garantizar la libertad de movilidad, el derecho al trabajo, la supervivencia de los mototaxistas y sus familias, porque estos derechos, están protegidos por la confianza legítima, que en palabras de la Corte Constitucional, es un “principio constitucional que directa o indirectamente está en cabeza de todos los administrados lo cual obliga al Estado a procurar su garantía y protección, que consiste en que la administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o indirectamente permitía a los administrados, sin que se otorgue un período razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su acción u omisión“.
El Estado social de Derecho democrático y participativo, debe invadir todas las actuaciones de las personas que representan al Estado, debe ser expresión de humanismo puro, base , para que en este y otros casos, se logre una solución concertada, que en mi opinión resulta imperativa, sin que ello, implique renuncia al ejercicio de la autoridad, esta, también sujeta el orden jurídico, que aleje el uso brutal de la fuerza, como fórmula de resolver las demandas sociales, “por cuanto, lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. Mahatma Gandhi. “
Es por ello, que instamos a las partes a buscar una salida dialogada, distante de la altivez de la arrogancia, porque “ la soberbia no es grandeza sino hinchazón y lo que está hinchado parece grande pero no está sano,” dijo San Agustín, situación que podría agrandar el conflicto, traer más violencia.
Señor alcalde a problemas socioeconómicos, deben dárseles soluciones socioecómicas, no policiales, ni militares.
Complemento:
- Respaldamos el derecho a la protesta pacífica.
- Respaldamos el derecho a la confianza legítima de los mototrabajadores.
- Rechazamos todo acto vandálico que atente contra las personas, las instituciones los bienes, la propiedad pública y privada.
- Solicitamos y respaldamos la puesta en práctica de una política pública que plantee salidas estructurarles al mototaxismo.
- Solicitamos tener en cuenta a las miles de personas que usan este medio de transporte, las cuales fueron ignoradas.
- Solicitamos al Concejo de Cartagena, a la Defensoría del pueblo y a la personería Distrital, que convoquen una mesa de concertación, con presencia de las organizaciones pertinentes.
Profesor y abogado.
