Un centenar de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala intenta este martes retomar el control del Congreso del país centroamericano, después de que fuera invadido a la fuerza por exmilitares que exigen una compensación económica por sus servicios en el conflicto armado interno (1960-1996).
Los policías han lanzado bombas con gas lacrimógeno a los manifestantes en los sectores aledaños al Congreso, pero el caos continúa reinando en las instalaciones del Parlamento, en el centro de la Ciudad de Guatemala.
Los militares ingresaron pasado el mediodía de este martes a través del parqueo de las instalaciones del Organismo Legislativo, y entraron a algunas oficinas del lugar.
Según constató Efe, dentro del hemiciclo también sale humo y fuego, y varias fuentes han confirmado que al menos cinco vehículos han sido quemados en el parqueo del Congreso, al igual que varias oficinas.
Reciba noticias de El Universal desde Google News La Policía Nacional Civil ha logrado que más de 50 trabajadores y diputados del Congreso abandonaran las instalaciones por salidas alternas, pero varios sectores han criticado en redes sociales el lento actuar de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
“La situación es complicada, porque nos tienen retenidos”, dijo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, a medios locales dentro del hemiciclo, donde se encontraba por una citación.
Mientras tanto, el diputado Luis Fernando Pineda pidió “ayuda” en sus redes sociales, al señalar que los exmilitares “están con machetes” y derribaron el “portón de ingreso” a las instalaciones del Congreso.
Pineda, de la bancada de oposición Semilla, añadió que los exmilitares “destruyeron vehículos” y “quemaron oficinas”.
Los excombatientes del conflicto armado interno se habían manifestado en diversos días durante las últimas dos semanas, con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.
La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de 120.000 quetzales (15.500 dólares aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.
La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.
La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
El conflicto armado dejó más de 250.000 muertos y desaparecidos en los 36 años de enfrentamiento, más del 90 por ciento a manos del Ejército de Guatemala según informes de organismos internacionales.
