Congresistas de tres partidos derechistas (Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular) presentaron este jueves ante el parlamento un pedido de destitución para remover del cargo al presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, alegando su supuesta “permanente incapacidad moral” para ejercer sus funciones.
La moción fue promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, la derechista Patricia Chirinos, y presentada con 28 firmas, dos más del mínimo que exige la ley peruana para que, en primera instancia, se discuta su eventual admisión. Para que el tema de fondo sea debatido luego se requieren 52 votos a favor, y para la eventual destitución del mandatario, 87 votos de los 130 congresistas.
“Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución política del Perú”, dice el texto. El documento exige que se “aplique el régimen de sucesión” establecido en la Constitución peruana, que indica que el cargo debe ser asumido por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
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Entre los argumentos para considerar la “incapacidad moral” de Castillo está el presunto uso ilegal de fondos para su campaña electoral de este año, que hizo representando al partido marxista Perú Libre. Además, se señala que ha designado “a altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo” y del delito de tráfico de influencias en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
La líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori había anunciado el viernes pasado que su partido, Fuerza Popular, segunda bancada del Congreso (24 votos), apoyará el pedido de destitución. “En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país”, había dicho entonces Fujimori en Twitter.
Castillo, quien asumió la presidencia el pasado 28 de julio y cuyo mandato finaliza en julio de 2026, es objeto de críticas por su falta de rumbo y constantes crisis ministeriales. En menos de 120 días de gestión ha cambiado a una docena de ministros y enfrenta divisiones en la coalición que lo respalda. La desaprobación presidencial llegó a 57 por ciento, según un sondeo de Ipsos difundido el 14 de noviembre.
