La oposición chilena presentó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, tras supuestas irregularidades en venta de megaproyecto minero develadas en Papeles de Pandora.
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“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional “marca un hito histórico” en Chile y fue presentada por “la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano”.
“Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción”, agregó el democristiano Gabriel Ascencio.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -el órgano encargado de establecer si la acusación es o no viable-, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.
El objetivo es que el libelo acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la cámara baja, llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.
