Este lunes arrancó el juicio de cinco días a Google ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la multa de 4.300 millones de euros que la Comisión Europea (CE) impuso a la tecnológica en 2018, acusándola de prácticas ilegales en los dispositivos Android para potenciar la posición dominante del buscador. Lea aquí: Agencia surcoreana antimonopolio anuncia una multa a Google
Bruselas acusa a la empresa estadounidense de haber firmado contratos con fabricantes de teléfonos móviles y con operadores de redes obligándoles a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome en los dispositivos Android, a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.
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Google compró el software Android en 2005 y actualmente, según el Ejecutivo comunitario, el 80 % de los dispositivos que se vendieron en 2018 en el Espacio Económico Europeo funcionaban con este software de código abierto.
Android es un sistema operativo de código abierto y cada vez que el gigante tecnológico desarrolla una nueva versión lo pone a disposición de los fabricantes de dispositivos móviles y de los operadores de redes.
Google lo desarrolla sin instalar ninguna aplicación de base y son los fabricantes quienes deciden con qué apps quieren vender los terminales.
Según la empresa, la mayoría optan por venderlos con la Play Store de Google para que sean más atractivos para los consumidores y a cambio de cederles la licencia gratuitamente, les obliga a instalar Google Search y Google Chrome como una forma de obtener un rédito económico por el desarrollo de un software libre.
Bruselas, sin embargo, alega que al tener ya un buscador instalado, los usuarios tienen menos incentivos para descargarse otro de la competencia, hasta el punto que en 2016, más del 95 % de las búsquedas en los dispositivos Android con Search y Chrome se realizaron a través del servicio de Google.
La tecnológica estadounidense se opone, diciendo que hoy en día es fácil instalar una aplicación móvil, asegura que actualmente se descargan 300 millones de apps diarias a través de la Play Store y defiende que si los usuarios optan por los servicios de Google es porque los consideran útiles.
La empresa ofrece desde octubre de 2018 licencias separadas para Google Search y para Google Chrome, a la espera del fallo del TJUE.
En un juicio que se alargará hasta el viernes, la Comisión Europea acusa también a Google de haber pagado a los fabricantes de dispositivos móviles para que no instalaran buscadores de otras compañías y considera que se trata de contratos ilegales por reducir los incentivos a la competencia.
Pero Google, que puso fin a estos acuerdos en 2014, argumenta a su favor que solo representaban un 5 % de la cuota de mercado y subraya que los servicios de búsqueda rivales podrían haber firmado contratos similares.
