Un juez federal de Miami aceptó el lunes un pedido del empresario colombiano Álex Saab, acusado de pagar sobornos de varios cientos de millones de dólares para asegurarse contratos con el gobierno de Venezuela, y postergó por dos semanas su audiencia judicial.
“La audiencia queda reprogramada para el 15 de noviembre”, dijo el magistrado Edwin Torres.
Saab, sin embargo, notificó posteriormente por escrito a la corte que renunciaba a su derecho de presentarse en persona o a través de Zoom para esa próxima audiencia, en lo que podría ser un intento por evadir a la prensa ante la falta de una respuesta del juez a su pedido de limitar el acceso del público a las audiencias virtuales. Lea: Tras quejas por difusión de videos, la audiencia de Saab es a puerta cerrada
Se esperaba que Saab, a quien Estados Unidos considera testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, se declarara inocente de lavado de dinero en la audiencia del lunes. Pero su abogado, Henry Bell, le dijo al juez que el acusado aún estaba en cuarentena y no había podido reunirse con él.
La postergación tuvo lugar dos semanas después de la primera comparecencia de Saab ante un tribunal de Miami tras su extradición desde Cabo Verde, que tensó aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Fue también un día después de que México anunciara denuncias y el bloqueo de dinero de más de una veintena de personas que habrían participado en un esquema delictivo de envío de alimentos a Venezuela, en el que habría participado Saab.
Poco después de ser extraditado, Saab expresó que era inocente de todas las acusaciones en una carta leída por su esposa. Dijo además que no tenía en qué colaborar con Estados Unidos, como suelen hacer algunos acusados al sellar acuerdos con los fiscales para obtener una reducción de sus condenas.
Saab, de 49 años, permanece detenido en cuarentena por los protocolos de coronavirus en una prisión federal de Miami.
El encuentro del lunes entre Bell y el magistrado fue a través de una conferencia virtual por Zoom a la misma hora que estaba prevista la audiencia. Estaban también los fiscales Kurt Lukenheimer y Alex Kramer, pero no se lo vio a Saab conectado.
Bell dijo que esperaba poder reunirse con Saab esta semana.
A la primera audiencia de hace dos semanas, además de familiares, abogados y fiscales, se conectaron más de 300 personas. Bell pidió posteriormente que se limite el acceso de la prensa, alegando que se habían violado las leyes con la publicación de imágenes y videos de su cliente tomadas a través del Zoom.
Ante la falta de pronunciamiento del juez, Saab notificó el lunes que sabía que enfrenta acusaciones y que luego de consultar con su abogado había decidido renunciar a su derecho de estar presente en la próxima audiencia y autorizaba a Bell a representarlo.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios en los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
La fiscalía sostiene que algunas de las reuniones sobre los pagos de los sobornos fueron en Miami y que Saab y otro socio colombiano transfirieron dinero a cuentas bancarias del sur de Florida.
Saab aparece también involucrado en otro caso judicial relacionado con contratos de suministro de alimentos y medicinas al gobierno de Maduro. Al menos parte de esos alimentos provenían de México y luego eran enviados a Venezuela con sobreprecios.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mexicana presentó ante la Fiscalía General de ese país cinco denuncias contra 25 personas involucradas en ese esquema delictivo y acordó el bloqueo de las cuentas por unos 2,8 millones de dólares de quienes se presume están involucrados en la red de lavado de dinero relacionada con Saab.
Asimismo, la UIF presentó dos denuncias contra funcionarios que trabajaron en la propia unidad y en el Ministerio Público durante la presidencia de Enrique Peña Nieto por haber participado en un “acuerdo reparatorio ilegal” para dar por cerrado el caso sobre la compra de alimentos con sobreprecio en México, indicó el titular de la UIF, Santiago Nieto.
