El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició el viernes el proceso de votación sobre la despenalización del aborto hasta la semana 12 de embarazo. Se está debatiendo si las mujeres que optan por interrumpir su embarazo durante los primeros tres meses deben enfrentar consecuencias legales.
En la actualidad, el aborto voluntario se considera un delito en Brasil, con penas de hasta cuatro años de prisión, y solo se permite en casos de riesgo para la vida de la madre, anencefalia fetal o cuando el embarazo es resultado de una violación. Lea aquí: Nuevamente se suspendió juicio de Odebrecht en Panamá: no hay fecha de inicio
La jueza Rosa Weber presentó su voto a favor de la despenalización, argumentando que “la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sin restricciones, ataca el núcleo de los derechos de las mujeres a la libertad, la autodeterminación, la intimidad, la libertad reproductiva y su dignidad”. Sin embargo, la votación se suspendió temporalmente a solicitud de otro magistrado, quien solicitó que el juicio se reanude de manera presencial. Lea aquí: Costa Rica decidió deportar a quienes “se porten mal”
El paso a seguir
El tribunal debe acordar una fecha para llevar el caso al pleno de la corte, y los otros 10 jueces aún deben emitir sus opiniones.
Si el STF logra la mayoría para despenalizar el aborto, las mujeres y los médicos que participen en abortos dentro de las primeras 12 semanas de gestación no enfrentarán procesos penales. No obstante, esto no implica que el sistema de salud público deba ofrecer este procedimiento.
El caso se originó a raíz de una presentación del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de izquierda, que en 2017 solicitó a la corte que reconociera el derecho constitucional a la interrupción del embarazo.
Este tema, sobre el cual el Congreso aún no ha legislado a pesar de múltiples propuestas presentadas, genera divisiones en Brasil.
El presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, ha expresado públicamente su postura “en contra del aborto” y ha destacado que la legalidad de esta práctica es responsabilidad del poder legislativo para decidir.
