En Colombia no existe un régimen que regule la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); es decir, que no existe una ley, estatuto o manual que especifique cómo debe llevarse a cabo, qué tanto deben invertir las empresas en ella ni qué actividades deben priorizar. Sin embargo, hay lineamientos generales planteados por los gremios, las compañías, sociedades y universidades, así como la Corte Constitucional, que permiten hacerse una idea más o menos clara de cómo llevar a cabo este tipo de iniciativas y el enfoque que deben tener.
Con el tiempo, los líderes empresariales se han concienciado de su responsabilidad con el medioambiente, con sus empleados y con los grupos sociales periféricos a sus actividades o directamente afectados por ellas. En otras palabras, su negocio también debe remunerar en beneficio de su entorno. Para asegurarse de que esto ocurra, existen, la Sentencia T-247 de 2010, la Norma ISO 26000, la SA 8000 y el Pacto Global de las Naciones Unidas. En su conjunto, estos son los principales documentos son los que ayudan a definir los estándares de los programas de RSE.
La Sentencia T-247 de 2010: un importante precedente en materia jurídica en torno a la RSE en Colombia. En el documento queda claro que estas actividades con cuestión aparte de la búsqueda de lucro, deben ser “un instrumento de mejora social, de protección al medio ambiente y de respeto de los derechos fundamentales, entre otros elementos de construcción social”. Además del componente ecológico, laboral y de derechos humanos, compromete a las empresas a trabajar en medidas anticorrupción.
Norma ISO 26000: es un estándar utilizado en todo el mundo que “busca promover un entendimiento común de la RSE, complementando, pero no reemplazando, otras herramientas e iniciativas existentes”. La norma se articula en torno a siete ejes centrales y pone su énfasis en el desarrollo sostenible. Es importante tener en cuenta que no es un documento que sirva para certificar, dado que no prescribe requisitos.
SA 8000: si la norma anterior se centra en la sostenibilidad, esta la complementa al poner más énfasis en el componente humano. Esta certificación internacional responde principalmente a la necesidad de crear un ambiente de trabajo sano, de evitar la explotación laboral, prevenir la discriminación y maximizar los beneficios sociales que pueda traer la actividad empresarial.
Pacto Global de las Naciones Unidas: el cual planteó una serie de 10 objetivos para el desarrollo sostenible para el año 2030, los cuales abordan asuntos de salud pública, bienestar social y cuidado ambiental, entre otros.