El sector marítimo colombiano podría ser mucho más productivo si tuviera más apoyo del Gobierno nacional. Esta es la posición de la mayoría de los miembros de esta industria, quienes indican que las leyes y políticas que lo rigen dificultan trámites, entorpecen operaciones y hasta los dejan en desventaja con su competencia extranjera.
“Es hora que el Estado ponga su mirada al mar y apoye el sector marítimo y en especial a la industria astillera para evitar que esta poco a poco se quede rezagada al punto de desaparecer, y con esto se dejen de generar miles de empleos”, señala Jaime Sánchez Piedrahíta, vicepresidente de Astivik.
Las peticiones tanto de los astilleros, como de los armadores y náuticos, entre otros, fueron presentadas ante la Comisión Sexta del Senado de la República que sesionó en Cartagena, en agosto de 2018, para escuchar las problemáticas del sector. A continuación algunos de los puntos más importantes:
1. Falta de una política marítima
Los actores del sector destacan que hace falta una norma vigente sobre la industria marítima no relacionada con la defensa del país, una con un enfoque netamente económico que establezca incentivos para las empresas e instituciones y además establezca directrices para desarrollar los intereses marítimos (investigación, pesca, educación etc.).
Esta política también indicaría la forma o la institución que se encargará de las cifras y estadísticas del sector, que es otra de las grandes carencias.
2. Leyes no actualizadas que afectan al sector
De acuerdo con los miembros de la industria marítima, las leyes que rigen ciertas actividades fueron expedidas a finales del siglo pasado, por lo que no están a tono con la realidad ni con el contexto internacional, además de la falta de uniformidad entre los criterios legales que aplican las diferentes entidades que regulan al sector. La solución que proponen es revisarlas y descartar todas aquellas que no favorezcan la actividad marítima.
También solicitan la creación de un régimen laboral especial para la gente de mar y un Plan Especial de Ordenamiento Marítimo.
3. Impuesto muy altos
La carga tributaria y aduanera alta para ciertos gremios marítimos impide un margen de inversión mayor, que permita el desarrollo e innovación a la altura de los competidores internacionales, según representantes de la industria.
Por ejemplo, los astilleros deben asumir el impuesto sobre la renta del 32 % y pagan IVA ante la DIAN aunque por ley este no se incluye en la facturación de los clientes nacionales.
“Desde el 2018 se expidió el Decreto Proastilleros, cuya finalidad es otorgar beneficios en las materias primas requeridas para la construcción; sin embargo, aún no ha sido posible acceder a este beneficio por falta de regulación dentro de la DIAN”, indica el vicepresidente de Astivik.
La revisión de esas cargas tributarias, los incentivos fiscales y las condiciones de igualdad entre nacionales y extranjeros son las solicitudes que hace el sector en este punto.
4. No hay asistencia financiera
Ni los armadores ni los astilleros cuentan con préstamos bancarios, por lo que su gestión comercial para la construcción y mantenimientos de naves se ve afectada.
Son necesarios “créditos blandos que respalden la oferta de productos y servicios de los astilleros y armadores, mediante la creación del Fondo de la Marina Mercante, con intereses especiales e incluso la exención de intereses por un período de gracia, lo que haría atractiva la inversión en nuevas construcciones navales”, dice la propuesta.
5. Escasa oferta académica de programas del sector naval
“Un gran porcentaje del personal es empírico o tiene formación en áreas generales del sector naval, pero no en las específicas. Esto se debe a la inexistencia de carreras profesionales, tecnólogas o técnicas específicamente navales”, indica Sánchez.
El sector marítimo necesita con urgencia la ampliación de la oferta académica relacionada con su actividad, así como la certificación de competencia de quienes son empíricos en determinada materia.
Tras varios acercamiento de la industria marítima con el Gobierno, se han logrado ciertos avances para mejorar las condiciones que se reclaman. Entre ellos se destaca la formulación de un anteproyecto de ley sobre el Código Marítimo para actualizar la normativa respecto a esta industria y un proyecto de ley para regular la formación, certificación y titulación de la gente de mar.
Además, a finales del año pasado se expidió la Ley Antitrámites, que favorece la reducción de papeleo y procedimientos en el sector.
