Esa noche la luna estaba más clara que nunca. Permitía ver las botas de los hombres, de grupos al margen de la ley, que habían llegado a su terruño. En medio de gritos desgarradores de dolor, se llevaron a tres de sus amigos y nunca más supieron de ellos.
La parcela que les había dado el Incora era el refugio de su familia. Allí tenían cultivos de pancoger y ganado, respiraban el ambiente puro del campo y se resguardaban de los fusiles que amenazaban a los campesinos cordobeses. Era el año de 1990, plena época violenta.
La lista de muertos era interminable. La parcelación El Levante, ubicada en la vereda El Torno, corregimiento Tres Piedras, zona rural de Montería (Córdoba), engrosaba la lista de víctimas de las autodefensas. Las amenazas estaban a la orden del día.
Él y su familia no tenían una opción diferente a la de huir hacia la capital. Querían empezar una nueva vida, lejos del temor que laceraba sus corazones. La lucha apenas comenzaba, pero muy lejos de soñar que algún día podrían tener de nuevo sus tierras.
Esa parcelación se había convertido en uno de los fortines y centro de operaciones de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar, hoy recluido en una cárcel de los Estados Unidos. Justo por eso los obligó a salir.
Ese triste episodio de sus vidas ya formaba parte del olvido. Cambiaron la suave textura de los pastos, por el frío cemento; y la brisa del campo, por la polución de una ciudad donde circulan en promedio 20 mil motocicletas.
Pese a las dificultades que deben afrontar los campesinos que engrosan los cinturones de miseria de la ciudad, habían terminado por acostumbrarse. Sin embargo, un nuevo episodio doloroso había llegado: el coronavirus.
Encerrados en una pequeña habitación, en un populoso sector de Montería, veían pasar las horas, con el trapo rojo en la ventana, para avisar a las autoridades que allí había hambre.
Vivían del rebusque, pero con el aislamiento preventivo no había forma de hacerlo. Los alimentos empezaron a escasear y el pánico se fue apoderando de la señora de la casa. Ya no quería ni asomarse por la desvencijada ventana para evitar el contagio.
No se hablaba de cosa distinta a la pandemia. Temían morir, temían a cualquier persona que se les acercara y lo más grave aún, temían perder las fuerzas para seguir luchando, tal y como lo habían intentado hace 30 años, junto a sus tres hijos.
Cuando vieron que un hombre, con un paquete a cuestas, se acercó a su casa, le gritaron desde el interior que se retirara. “Traigo una notificación para ustedes”, dijo el encargado de entregar el documento.
Tímidamente quitaron la tranca de la puerta. Con manos temblorosas recibieron ese papel que les hacía renacer las esperanzas. El juez segundo civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, había ordenado la compensación para él y 17 familias más de la parcelación El Levante.
No volverían a ese mismo lugar. Les hablaban de títulos de compensación, predios que oscilan entre 11 y 12 hectáreas cada uno, para proteger los derechos de todos los reclamantes, pues las que eran sus tierras se encuentran ocupadas por otras víctimas.
Jamás pensaron que en plena época del COVID-19 la felicidad llegaría hasta su humilde vivienda. Un nuevo comienzo se avecina para ellos y aunque ya la vida no será igual, sienten que vuelve a sus manos un derecho que les fue arrebatado por los violentos. Nuevamente cerraron la desvencijada ventana para refugiarse en el interior de la casa, de paredes sin repellar y techo de palma. La cuarentena les había traído de vuelta la esperanza de un nuevo amanecer.
