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Autopistas del Caribe: “Terminar el contrato debe ser de mutuo acuerdo”

Conoce los impactos del anuncio de Mintransporte de cierre anticipado de esa concesión y lo que piensan gremios como la CCI y el Consejo Gremial de Bolívar.

La Concesión Autopistas del Caribe volvió a reaccionar ayer sobre el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo Triana, de dar por terminado de manera anticipada el contrato con la Concesión Autopistas del Caribe, encargada de la ampliación y mantenimiento de un corredor vial de 253 kilómetros en los departamentos de Bolívar y Atlántico, precisando que cualquier decisión que se tome debe ser de “mutuo acuerdo”.

Ernesto Carvajal, representante legal de la Concesión, le dijo a El Universal que “lo primero es decir que este es un contrato firmado entre dos partes. Es un acuerdo de voluntades y en la misma forma que se suscribió, se deberían deshacer las cosas; es decir, para lograr una terminación anticipada del contrato tendríamos que sentarnos las partes y llegar a un acuerdo. El contrato contempla tres fórmulas para terminarlo, pero prevé que tienen que ser de mutuo acuerdo”. (Lea aquí: La Cordialidad completará su trazado en doble calzada).

“Cada una de esas fórmulas da unos números que nosotros vamos a entrar a revisar y con ellas decidir cuál es el camino”, dijo Carvajal. Anticipó, que es posible que ninguna de las tres fórmulas cumpla las expectativas del concesionario, porque son fórmulas diseñadas para otros casos, más no para un contrato que estando en fase de preconstrucción llegue a terminación anticipada.

En caso de que se haga una terminación anticipada del proyecto, la vía retorna al Invías, al igual que los peajes. La lucha frontal es contra los peajes, pero estos no desaparecen, estamos matando un proyecto, pero el origen del problema persiste”.

Ernesto Carvajal, representante legal de la Concesión Autopistas del Caribe.

Recordó que el proyecto está en la primera fase -la de preconstrucción- y lleva 2 años y 4 meses. Ya se han elaborado los estudios y diseños, se tramitan las licencias ambientales, se han protocolizado 4 consultas previas, de 6 autorizadas; se han adelantado licencias de arqueología preventiva, se avanza en la gestión predial y toda la gestión social.

Más detalles

Dentro de las obligaciones de la fase de preconstrucción se han hecho los estudios y diseños de las nueve unidades funcionales, o tramos, se tramitan las 9 licencias ambientales, se han protocolizado 4 consultas previas de 6 autorizadas. La consultas realizadas son las de la Parcialidad Indígena de Gambote (Bolívar), Consejo Comunitario Afro Matamba, en Pendales (Altántico), Consejo Comunitario Kusuto Majembe (Luruaco -Atlántico) y la Parcialidad Indígena Pital de Megua (Baranoa, Atlántico). Están pendientes las del Consejo Comunitario Afro de Gambote (Bolívar) y Consejo Comunitario Afro de Bayunca (Bolívar), que no se proticolizaron porque las juntas directivas de esos consejos comunitarios están impugnadas. Se ha hecho la arqueología preventiva, la gestión ambiental y la predial está bastante adelantada, con mayor énfasis en las unidades funcionales 9 y 1, (Campeche -cruce Caracolí pasando por Baranoa y Cruz del Viso- Gambote, respectivamente), dijo Carvajal.

¿Y el cierre financiero?

Precisó que “solo no hemos podido acceder al cierre financiero por los tres riesgos de menor recaudo que hemos reiterado muchas veces y que se resumen en: un menor recaudo en la estación de peaje de Turbaco, la no implementación del esquema tarifario del proyecto contenido en la Resolución 8355 del Ministerio de Transporte, que es vinculante con el proyecto y el tercer riesgo que es la no construcción y puesta en operación de una nueva estación de peaje denominada Arroyo de Piedra, en jurisdicción de Luruaco (Atlántico). Son tres riesgos a cargo del Estado, en este caso de la ANI, que están materializados y han impedido el cierre financiero”.

“Ante eso, esperamos sentarnos con la agencia y revisaremos. Aquí va a perder el Caribe, va a perder Colombia. La cifra, que hoy desconozco, será una cifra no muy buena para el país”, enfatizó.

El contrato de esta concesión se firmó el 6 de septiembre de 2021 y el acta de inicio tiene fecha de octubre 20 del mismo año, con una duración de 35 años.

El representante de la concesión dijo, además, que “después del anuncio del ministro sobre que la Concesión Autopistas del Caribe no logró cierre financiero y entrará a reversión, la concesión está exigiendo el pronunciamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que hasta ayer ha guardado silencio”.

6.800
empleos entre directos e indirectos se perderían si se oficializa el cierre temprano de la Concesión Autopistas del Caribe y se revierte al Invías.

Precisó que la decisión anunciada por el Ministro no les había sido notificada oficialmente hasta ayer tarde, solo se han enterado por los medios de comunicación.

Los impactos del anuncio

“Los impactos son innumerables. Son unas consecuencias muy graves. El proyecto tiene hoy 800 empleos, entre directos e indirectos, que se pierden, se van a dejar de generar unos 6 mil empleos en la fase de construcción, la demanda de bienes y servicio en esta etapa de preconstrucción y la etapa de construcción, aún no está calculado. Allí está lo que se deja de comprar a las estaciones de servicio, a los restaurantes, hoteles, canteras, transporte y logística, eso se dejará de utilizar y tiene un impacto en la economía de la regiones. El no construir unos 100 kilómetros de vías nuevas para conectar a Cartagena y Barranquilla, en doble calzada, tiene un impacto significativo. El capex, es decir, la infraestructura nueva que se plantea construir, en pesos de 2015, es de 1,5 billones de pesos, pero a pesos de hoy, supera los 2 billones de pesos”, explicó Carvajal.

De materializarse este anuncio, la vía pasará a manos del Invías, entidad que no ha sido eficaz para mantener en buen estado las vías a su cargo. Nos quedaremos pagando peajes, sin la inversión y penando por el deterioro de la carretera”:

Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.

Añadió que “Tener mejores vías y dobles calzadas redunda en menores tiempos de viaje, lo que reduce los costos operativos, ya que la carretera de La Cordialidad tiene una vocación de carga y de transporte de pasajeros. Es dar una comunicación más eficiente entre las dos ciudades en una vía a doble calzada. También recordó que sobre ese corredor vial está el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y en La Cordialidad se prevé la construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena -cerca a Bayunca-, que en caso de que se haga una terminación anticipada del proyecto, retornan al Invías, al igual que los peajes. La lucha frontal es contra los peajes, pero estos no desaparecen, estamos matando un proyecto, pero el origen del problema persiste”.

En todo el corredor vial a cargo de la concesión , que son 253 kilómetros origen - destino, entre Bolívar y Atlántico, desde Cruz del Viso, pasando por Arjona y Turbaco para llegar a Cartagena o entrando por la Doble Calzada Mamonal -Gambote, Variante Cartagena, La Cordialidad. Ya en el Atlántico arrancando del aeropuerto Ernesto Cortissoz y la doble calzada que desde Sabalarga conecta la carretera de La Cordialidad con la vía Oriental en Palmar de Varela. Toda en operación y mantenimiento.

La concesión en ese corredor vial tiene 6 peajes y los registros indican que en promedio diariamente se movilizan 67 mil vehículos. (Lea aquí: “No va Autopistas del Caribe”: Mintransporte sobre intervención de La Cordialidad).

DESDE EL CONSEJO GREMIAL DE BOLÍVAR
Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, expresó: “Es preocupante que no se realice en la región un proyecto de 4,3 billones de pesos y no se generen los empleos que contempla la construcción de la segunda calzada por La Cordialidad, entre Cartagena y Barranquilla. De materializarse este anuncio, la vía pasará a manos del Invías, entidad que no ha sido eficaz para mantener en buen estado las vías a su cargo. Nos quedaremos pagando peajes, sin la inversión y penando por el deterioro de la carretera”.
MENSAJE DE LA CCI
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI ) también se refirió al anuncio del cierre anticipado del contrato de la Concesión Vial Autopistas del Caribe y su director regional Caribe, Héctor Carbonell, señaló que tal situación “pone en riesgo la inversión en el país. Lo que se debe transmitir es seguridad jurídica para seguir contando con los recursos de los fondeadores internacionales. Anuncios como estos hacen muchísimo daño”, y reclamó un pronunciamiento de la ANI.

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